La decisión de la Corte Suprema, dejó en pie la del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, que no había hecho lugar al recurso de casación articulado por la defensa de Maidana contra el pronunciamiento de la Cámara en lo Criminal N° 2 que, a su vez, había denegado un planteo de nulidad del requerimiento fiscal de elevación a juicio.

En la causa se imputa a Maidana –en su carácter de Fiscal de Estado- haber omitido intervenir en la Convención Liberatoria, y haber consentido que el Procurador del Tesoro suscribiera el Acuerdo Transaccional que se formalizó el 17 de febrero de 1997, perjudicial para los intereses de la provincia de Corrientes.

Se le imputa también haber omitido formular objeciones a un dictamen proveniente de la Dirección de Representación Judicial de la Fiscalía de Estado que aconsejaba llegar a un acuerdo conciliatorio con la empresa constructora Thouet, también perjudicial para el erario público provincial, hecho ocurrido el 1° de Octubre de 1996.

El fallo –según se informó desde el Centro de Información Judicial- lleva las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay.