Este fue enviado al Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia y en forma posterior, observado por el Poder Ejecutivo en el Anteproyecto General del Presupuesto de la Provincia.  

 
El Poder Judicial –según lo establece el artículo 192 de la Constitución Provincial- tiene autarquía financiera y participa de los recursos generales del Presupuesto en el porcentaje que determina la ley, refiriéndose a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 4.420, es decir el 6,27% del Presupuesto General de la Provincia. Este año, por primera vez, el Ejecutivo expresó en forma pública que cumpliría con esa normativa. Sin embargo, la aplicación de una doble resta del porcentaje aludido y la utilización de una base de cálculo errónea llevó al Poder Ejecutivo a efectuar un recorte importante en los fondos que finalmente asigna a la Justicia.

Los 171 millones de pesos fijados por el Poder Ejecutivo para la administración de Justicia no permitirían dar continuidad plena a las políticas que se llevan adelante desde el año 2004. De allí que la Corte Provincial, con el acompañamiento del Colegio de Magistrados y el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJ), advirtiera a los legisladores de la Cámara Baja (con quienes se reunió el 9 de abril del 2008) que el recorte efectuado frenaría la construcción y puesta en funcionamiento de nuevas dependencias judiciales y la incorporación de los recursos humanos necesarios para esas dependencias. Incluso podría afectar el avance del proyecto de informatización.

En este momento está ya designada la Juez de Instrucción N°2 de Paso de los Libres, juzgado que cuenta con su respectiva sede –recientemente inaugurada- el equipamiento informático y mobiliario, pero resulta imposible su puesta en funcionamiento al no contar con los recursos presupuestarios para la designación del personal. Situación más grave aún se plantea en la localidad de Santa Rosa donde se encuentra designado el Fiscal de Instrucción y Correccional pero no se cuenta con infraestructura edilicia, ni fondos ni recursos técnicos y humanos para implementarlo, no sólo en la Fiscalía citada sino en el propio Juzgado y demás dependencias del Ministerio Público.

El 23 de abril del 2008 el Presupuesto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, manteniéndose para el Poder Judicial el monto de 171 millones de pesos, con la novedad de la incorporación de un artículo que permitiría direccionar a éste Poder un 6,27% de la totalidad de los fondos excedentes de la coparticipación federal, si éstos existieran. Ello torna incierta la mejora ya que resulta imposible concretar una planificación seria a mediano y largo plazo dado que no hay certezas de la existencia, ni el monto, ni del plazo de acreditación de aquellos excedentes.

Hasta el momento el Poder Judicial se desenvuelve con el Presupuesto prorrogado del año 2007, sin poder en esta situación hacer frente a la puesta en funcionamiento de nuevas dependencias judiciales, refuerzo de personal y ni a futuras actualizaciones salariales.