El Superior Tribunal de Justicia, a través del área de Capacitación y bajo la supervisión del Ministro doctor Alejandro Alberto Chain, inició durante el 2020 la capacitación sobre la Ley Micaela.

Se trata de un aprendizaje de carácter obligatorio en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

En el caso del Poder Judicial esa capacitación adquirió una novedosa organización: a partir de un compendio elaborado por personal propio se trabajó en análisis de causas judiciales.

Por un lado un grupo de expositores estudiaba un caso y definía si se había aplicado o no perspectiva de género, y por otro, en la misma Circunscripción, otro grupo de coordinadores escuchaba las exposiciones.

El primer grupo estaba integrado por personal de maestranza y servicios, administrativos, funcionarios y magistrados, pudiendo trabajar ya sea en forma individual o en equipos.

El objetivo fue lograr la participación activa de la mayor parte de la planta del personal, y de modo transversal trabajar tanto en la lectura, el estudio, y la selección de casos que detectaran si la perspectiva de género forma parte de la toma de decisiones en las causas judiciales.

Unos 104 expositores expusieron ante un total de 3024 asistentes.

Finalmente, cada Circunscripción eligió un caso testigo, que será lo que este miércoles 14  en horario vespertino se tamice para su selección final.

A su vez los coordinadores explicarán todos sucintamente porque han elegido ese caso y mediante una encuesta se seleccionará una causa para toda la provincia.

En paralelo a esta capacitación  el Poder Judicial puso en marcha un sistema informático con desarrollo propio que permite registrar las sentencias de toda la provincia con perspectiva de género.

Las categorías que se incluyen son derecho a la no discriminación; a la vida sin violencia; a la tutela judicial efectiva; a la educación, cultura y vida social; al trabajo y la seguridad social; a la no discriminación en la familia; derechos civiles y patrimoniales; derechos políticos; de las mujeres en situación de vulnerabilidad; y derechos sexuales, reproductivos y a la salud.