El encuentro se realizó el día jueves 16 de marzo y contó con la presencia de la Juez de Ejecución de Condena, doctora María Teresa Zacarías de González; la Fiscal de Ejecución de Penas, Medidas de Seguridad y Tutelares, doctora. Patricia Mariela Armendía, el  Defensor de Cámara doctor. José Nicolás Baez; el Jefe del Servicio Penitenciario Crio. Gral. Osvaldo de los Santos Garcí; el Presidente del Comité contra la Tortura de Corrientes, doctor Ramón Celestino Leguizamón; el Subjefe del Servicio Penitenciario, Rubén Roque Romero; Raúl Omar Yung, diputado provincial; el doctor Víctor Hugo Benítez, por la Asociación de Pensamiento Penal; la Lic. Elsa B. Sáenz, de la Red de Derechos Humanos y Servicio Paz y Justicia; Hilda Presman, por la Red de Derechos Humanos; Natalia Andrea Vega por la Red Corrientes de Derechos Humanos y el doctor Jorge Eduardo Isetta, por el Comité contra la Tortura.

Se analizó el escrito presentado por la Red de DDHH -a través del Comité para la Tortura-, en el que se reclamaba la imposibilidad de acceder a la Unidad Penal Nº1 para el dictado de talleres que la Red desarrolla allí hace varios años con el colectivo Yahá Porá.

El doctor Leguizamón sostuvo que acompañaba el pedido a fin de obtener resultados positivos ya que entendía que los argumentos del Comité tenían su base legal en el Código Civil y no podían ser desestimadas. “El Estado no puede cerrar los ojos ante personas que brindan su tiempo y voluntad de servicio, sin intereses materiales para brindar asistencia a personas en necesidad privadas de libertad; si no existen las acreditaciones formales, debería buscarse la forma a fin de conseguir limar los obstáculos para permitir el ejercicio de esta voluntad de ayuda, por lo que se ratifica y hace parte de la Comisión este pedido, a fin de obtener la más rápida y pronta respuesta a lo peticionado”.

Por su parte desde la Jefatura se informó que el proyecto fue devuelto “a los fines de la acreditación de la capacitación de los profesores que van a ingresar, a fin de impedir el ingreso de personas sin la debida acreditación, dado que van a estar en contacto directo con los internos, y si los certificados a darse a la finalización de los mismos tendrían aval del Ministerio de Educación”. Y reiteraron “el acompañamiento de su Jefatura a las iniciativas tanto educativas como culturales siempre y cuando cuenten con los avales necesarios para el ingreso, de acuerdo a la ley y los reglamentos”.

En relación a si la Red de DDHH se hallaba inscripta y acreditada en personería jurídica u otro organismo similar, Presman manifestó que el desarrollo de actividades de la red y del colectivo Yaha Porá era conocido por la sociedad y los medios, “y que nunca han sido motivo de situaciones de conflicto ni violencia; el acta constitutiva de la Red de Derechos humanos fue presentada a la dirección de Técnica Penitenciaria hace dos años”. Añadió que se evidenciaba  desde el 2016 la imposibilidad de dialogar con la jefatura del servicio penitenciario, y que no se les informaron los motivos por los cuales los talleres no podían dictarse. “No se puede aproximar criterios con el Servicio Penitenciario en diferentes propuestas planteadas” aseguró.

Sáenz expresó que con relación a los requisitos de acreditación de capacitación, se trabajaba dentro de la Ley de Educación, en el marco del acceso a actividades no formales para responder a necesidades expresas de personas detenidas en aquellas áreas que no son satisfechas por la educación formal.

Benítez sostuvo que habiendo predisposición de todas las partes, “las actividades del colectivo debían tratar de coordinarse dentro del sistema progresivo, porque de lo contrario todo lo que se hiciera no se iba a plasmar dentro de los beneficios que corresponderían al interno”. Calificó de “indispensable” el trabajo de la Red y agregó que era imposible que por formalidades no pudiera coordinarse la tarea.

La Fiscalía refirió que toda la flexibilización debía realizarse dentro de los parámetros legales, en tanto que la Defensoría de Cámara solicitó que se usara la burocracia a favor de los internos, y que esa dependencia estaba predispuesta a llevar la acción de la Red y de Yahá Porá.

Finalmente el Subjefe manifestó que los internos requerían que este esfuerzo repercutiera en su tratamiento y calificaciones, pero tenía dudas de si la actividad no formal sería o no considerada por el Juzgado como antecedente para los beneficios.

La doctora Zacarías indicó que la fijación de objetivos era lo que debería coordinarse, y exhortó a todos los actores a la consensuar acciones para obtener los mejores resultados.