La entidad nacional que nuclea a la magistratura exhortó al Poder Legislativo de la Provincia a la integración definitiva del Jurado de Enjuiciamiento sin perjuicio de respetar el principio de celeridad, la garantía constitucional de la defensa en juicio e imparcialidad en el trámite de los juicios políticos, en aquellos en que la Cámara de Diputados mantiene su competencia.
"Esa demora debilita el sistema de enjuiciamiento de jueces y funcionarios…." se señaló, al tiempo que exigieron al Poder Legislativo hacer operativo el art. 198 inc. 5 de la Constitución Provincial, sin perjuicio de respetar el principio de celeridad, la garantía constitucional de la defensa en juicio e imparcialidad en el trámite de los juicios políticos, en los trámites en que la Cámara de Diputados mantiene su competencia".
El respaldo de la Federación Argentina de la Magistratura se produjo en la última reunión de Junta de Gobierno, celebrada los días 14 y 15 de agosto de 2008 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la ocasión estuvo presente la Presidente del Colegio de Corrientes, Dra. María Eugenia Sierra de Desimoni, junto con representantes de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luís, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presidida por el Dr. Abel Fleming, la Junta de Gobierno declaró la preocupación de la Federación Argentina de la Magistratura ante “la reiterada injerencia en el ámbito propio de los Poderes Judiciales de los poderes políticos de algunas provincias, a través de presiones mediáticas, desacreditación de los jueces y funcionarios judiciales por vías espurias y de hecho, precarización en los sistemas de designación o destitución”.
La FAM agregó que ello, “lejos de fortalecer el sistema republicano de gobierno, debilita las instituciones y violenta el principio de independencia del Poder Judicial".
El Colegio de Magistrados de Corrientes había elevado a la presidente de la Cámara baja semanas atrás una misiva en la que recordaba que con la reforma Constitucional del año 2007 el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento habían adquirido rango constitucional, al tiempo que advertían que " ese importante paso en el camino hacia una mayor transparencia en la designación y remoción de jueces y funcionarios judiciales, no se consolida en la medida que todavía no se ha conformado el Jurado de Enjuiciamiento, por falta de designación de los representantes del estamento político".