El titular del Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Familia, Menores (Civil) y de Paz con asiento en la ciudad de Santa Lucía intervino en una causa iniciada de oficio por un oficial de policía quien relató una situación de riesgo de una adolescente.

Según el efectivo el padre de la joven lo llamó por una situación en la que ésta, en el marco de una supuesta alteración nerviosa, quiso atentar contra su propia vida prendiéndose fuego y solicitó sea internada en un psiquiátrico.

El caso fue caratulado como “Adolescente vulnerada en sus derechos a la libertad, integridad física y psicológica, dignidad”.

La joven fue trasladada por la fuerza y esposada por personal policial masculino al hospital local, donde en presencia de numerosas personas se la despojó de la parte inferior de sus prendas de vestir para colocarle calmantes. Y posteriormente fue llevada esposada al Hospital zonal de Goya.

El doctor Azcona sostuvo en su resolución que el caso que era de una “gravedad institucional sin precedentes, sin palabras, sin atenuantes” porque no sólo es el padre quien debe cuidar, proteger, educar, respetar, a la adolescente de autos; sino el propio personal policial.

Señaló que los efectivos “actuaron con vehemencia, violencia extrema, avasallamiento de todo de derecho al tratar bruscamente”.

Indicó además que se vulneraron derechos como la intimidad, a la imagen, la libertad, y los derechos que como adolescente se le reconocen. “(…)la intimidad de la adolescente, su formación y desarrollo integral resultaron en consecuencia avasallados, provocando un estado de afectación, indefensión, de sobresalto, intimidación, personal, particular, familiar, que amerita una respuesta desde la justicia” agregó en los fundamentos de su resolución.

Y recalcó que las actuaciones irregulares correspondieron tanto al personal policial de la Comisaría de Lavalle, como a los agentes del Hospital “Jose Rosembaum” de Lavalle y el padre de la joven, integrante de la Prefectura.

Entre las medidas adoptadas se ordenaron comunicaciones al Ministerio de Justicia de la Provincia de Corrientes, Prefectura Naval Argentina y Ministerio de Salud de Provincia de Corrientes para poner en conocimiento de las autoridades la conducta desplegada; y exigió al padre y al personal policial que cumplan con la Capacitación de la “Ley Micaela” Ley N° 27499 y acrediten debidamente haberla realizado. También citó a audiencia informativa en un plazo de 24 horas al personal de salud involucrado.

En relación a la adolescente, pidió de forma inmediata una entrevista psicológica al Cuerpo de Psicología Forense de la 2da Circunscripcion judicial (Goya), para determinar si representa un peligro para si o terceras personas; y sugerencias de tratamiento y/o internación involuntaria.

Se entrevistará a la madre para saber si se encuentra en condiciones de continuar con el cuidado y atención de la hija. Particularmente al padre, por episodios de golpes que se denunciaron, se lo entrevistará para analizar si él también constituye un riesgo para la hija.

El caso fue enviado a las áreas de Biblioteca y Jurisprudencia a los fines de su registración en el marco del “Protocolo del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, dispuesto por Acuerdo del Superior Tribunal N° 14/20.