El doctor Insaurralde; la subsecretaria de Obras Públicas, arquitecta María Elena Villarroel; el Jefe del Servicio Penitenciario, comisario Miguel Angel Domínguez; el comisario Piñeyro en representación de la Policía de la Provincia concurrieron este martes en el Salón Auditorio del edifico de Tribunales, donde habían sido invitados por el Superior Tribunal de Justicia para que informaran –en el marco de una audiencia pública- acerca de las acciones realizadas en las unidades carcelarias y lugares de detención de condenados y procesados.

Esa invitación se produjo tras varias intimaciones en las que la Corte Provincial solicitaba al Gobierno medidas que pusieran fin a la situación de agravamiento de las condiciones de los internos en los centros de detención.

En ese sentido, la subsecretaria de Obras Públicas al ser consultada por los ministros, admitió que las mejoras allí expuestas “parecían pocas y lo eran”.

Los funcionarios se refirieron a contratos destinados al mejoramiento del tendido de la instalación eléctrica en la Unidad N°1 y la ampliación del pabellón femenino en el Hospital de Salud mental y a la aprobación de una licitación privada para la futura construcción de un pabellón adicional en el Penal N° 1; descartándose por el momento la posibilidad de construir una nueva cárcel con financiamiento nacional pensada en un predio de la ciudad de Paso de los Libres.

Durante la audiencia pública, se dio entrada a un documento elaborado por la Red Provincial de Derechos Humanos, que se presentó bajo el Instituto de “Amigos del Tribunal”. Falta de agua potable; precariedad de las instalaciones eléctricas y sanitarias; condiciones precarias de habitabilidad (internos durmiendo en el piso, pasillos, debajo de las escaleras, refugiados en la enfermería o en la capilla); irracionalidad en la administración de los recursos económicos existentes fueron algunas de las cuestiones planteadas por la Red, que solicitan soluciones globales a la situación carcelaria.

De las exposiciones vertidas por los funcionarios no surgió que existieran planes que, en lo inmediato, den solución a la emergencia que en materia carcelaria afronta la provincia, por lo que, el Superior Tribunal de Justicia evaluará y oportunamente resolverá lo que corresponda conforme a lo actuado en el expediente administrativo y en la audiencia pública.

A esta instancia, inédita en Corrientes fue presidida por el doctor Eduardo Farizano, titular del STJ; los ministros doctores Carlos Rubín, Guillermo Horacio Semhan y Fernando Niz; el Fiscal General del Poder Judicial, doctor César Sotelo; y el Fiscal Adjunto, doctor Jorge Semhan. A la misma asistieron como invitados las jueces de Menores N° 1 y 2; y la juez de Ejecución de Condena, e integrantes de la Comisión Justicia y Paz del Arzobispado de Corrientes.