El informe responde a un requerimiento efectuado en el Acuerdo N° 42/08 al Poder Ejecutivo y al Ministro de Gobierno y Justicia en la que se daba un plazo de 60 días de notificados para que se dispusieran medidas que acabaran con la precariedad de las unidades carcelarias y policiales.

La resolución judicial ordenaba “el cese de toda eventual situación de agravamiento de detenciones que importen un trato cruel, inhumano o degradante o cualquier otro susceptible de contrariar los artículos 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional”. Numerosas actuaciones administrativas iniciadas por el Poder Judicial desde hace dos años y medio dan cuenta de que los estándares jurídicos fijados en materia penitenciaria por la Constitución Nacional y los diversos Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional no eran cumplidos.

Concretamente, el STJ requirió al Gobierno de la Provincia le comunique sobre las medidas dispuestas y su ejecución, bajo apercibimiento de hacer efectivas las responsabilidades institucionales y penales que correspondan.

El titular de la cartera de Gobierno y Justicia, doctor Walter Insaurralde, remitió con fecha 16 de enero, un informe con el detalle de las medidas adoptadas y las que se encuentran en ejecución, haciendo énfasis en que es “la concreción de obras de infraestructura proyectadas y en ejecución lo que dará solución en gran parte a los problemas que existen en materia carcelaria”.

La Corte dispuso la remisión del responde ministerial al Juzgado de Ejecución de Condena para su análisis y posterior evaluación.