La Junta Federal de Cortes, presidida por el doctor Rafael Gutiérrez, mantuvo a fines de la semana pasada su reunión ordinaria mensual en las Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero.

Asistió en representación del Superior Tribunal de Justicia el doctor Carlos Rubín, presidente de este Alto Cuerpo. En el encuentro, se enfatizó en la independencia de los jueces como un pilar esencial del Estado de Derecho. Se reafirmaron así, los criterios expuestos en anteriores declaraciones, con sustento en las conclusiones elaboradas en las Conferencias Nacionales de Jueces convocadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los integrantes de la JUFEJUS recordaron que esa independencia puede ser afectada de diversos modos, tanto por presiones de grupos privados con capacidad para generar acciones que ponen en riesgo la persona, la honra o los bienes de los jueces y los poderes políticos, lo cual constituye el supuesto “más grave”. También se refirieron a acciones que “frecuentemente vienen estimuladas o resultan aprovechadas por dichos poderes, así como por injustificadas afectaciones presupuestarias”. 

La manifestación de un eventual desacuerdo con la decisión judicial debe canalizarse a través de los recursos y procedimientos previstos en la ley para que las instancias judiciales superiores (local y nacional, en su caso) revisen las resoluciones impugnadas, sostuvieron. “Este es el sistema vigente en el Estado de Derecho como método para resolver pacíficamente las controversias y contribuir a la paz social”.

Aunque la declaración estuvo centrada en el caso del Poder Judicial del Chaco, donde el Gobernador de esa provincia imputó a los ministros de su Superior Tribunal de haber incurrido en una “conducta golpista”; los integrantes de JUFEJUS señalaron que hechos de “operativos de descrédito contra los jueces” se replican en otras provincias. “Aprovechando o estimulando con ese propósito las conductas de grupos, a veces los que resultaron perdidosos en los litigios en que intervenían, otras quienes encubren reclamos sectoriales buscando verlos satisfechos mediante estas presiones empleadas extorsivamente”.

La Junta Federal exhortó a todos los sectores interesados “a la prudencia y respeto a las instituciones”, indicando que los cuestionamientos deberán enmarcarse en los mecanismos enunciados precedentemente; confiando que los diversos sectores disidentes eviten conductas impropias, “susceptibles de alterar el Estado de Derecho, la credibilidad de las instituciones y la pacífica convivencia”.