La dependencia a cargo del doctor Arsenio Eduardo Moreyra dio un plazo de 30 días a las dos firmas de telefonía para que presenten ante el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (I.C.A.A.) sus estudios de Impacto Ambiental y cumplimenten con el procedimiento de audiencia pública. Y advirtió que se ordenaría la desconexión de las antenas de no cumplir con ese requisito.

El magistrado dictó en ambos casos una Medida Cautelar Innovativa, a partir de una acción de Amparo Ambiental presentada por la Asociación Ambientalista Demos Vida contra las empresas señaladas, la Municipalidad de Santo Tomé y la Liga Santotomeña de Futbol.

En los expedientes N° 3836/12 y 3835/12, el doctor Moreyra resolvió no optar por la proscripción de la actividad, sino más bien se inclinó hacia “una concepción dialogal-aperturista de los operadores del derecho en danza”. Esos derechos en juego son la salud de la comunidad, el derecho a un ambiente sano, el derecho a las comunicaciones inter-extra comunidad, el derecho de propiedad tanto de la empresa prestadora del servicio – costo-beneficio propio de la actividad, como de la asociación civil involucrada a través de la locación respectiva y del Municipio en relación a la protección del interés ambiental y fiscal.

En su fundamentación valorizó la prudencia que debe caracterizar al dictado de las medidas cautelares innovativas ya que “conllevan un plus cuando se trata de un servicio público, sin perjuicio que en el caso lo presta una empresa privada en quien se delegó por el Estado esa trascendente actividad comunicacional”.