Impulsado por el Superior Tribunal de Justicia, las juezas de Menores Rosa Esquivel Iglesia e Irma Dominguez, titulares de los juzgados de Menores N° 1 y 2 de esta Capital; los Asesores de Menores Alicia Raquel Figueroa, Mirta Ramírez Barrios, Nicolás Bonastre y Ana Inés Alvira; y el equipo técnico del Consejo Provincial de la Niñez, la Adolescencia y la Familia a cargo de Divina Pura Bressan acordaron hoy la elaboración de un Protocolo de Actuación que servirá para agilizar la tramitación de causas en el fuero de menores .

El encuentro contó con la participación del presidente de la Corte Provincial, Guillermo Horacio Semhan; el ministro doctor Alejandro Alberto Chain y el Fiscal General doctor César Sotelo.  Los presentes coincidieron que la adhesión provincial (Ley N° 5763) a la ley Nacional de Protección Integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (N° 26061) se produjo sin considerar las particularidades de Corrientes, circunstancia que ha provocado numerosas situaciones de colisión normativa entre el Gobierno de la provincia y los Juzgados de Menores.

El CoPNAF es un “cuerpo colegiado, deliberativo, pluridisciplinario, intersectorial, de carácter consultivo para la concertación en la formulación de propuestas de políticas públicas básicas y universales de protección integral de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y sus familias” financiado por  el Poder Ejecutivo; en tanto que los Juzgados de Menores  deben ejercer el control de la legalidad de los actos administrativos.

Sin embargo, en los hechos, los jueces de Menores y Asesores admiten que no se efectiviza la implementación de la ley provincial N° 5763, y ello se suma a la escasez de presupuesto para el Consejo, la insuficiencia de personal técnico,  y la existencia de normativas que contradicen la Ley N° 26061; como es el caso del decreto ley N° 129/01 que sigue sosteniendo la figura del Patronato de Menores.

“No existe ley reglamentaria para operar en este sistema” afirmaron los Asesores y señalaron que “ante cualquier situación de precariedad de vivienda o cuestiones de salud, los casos son derivados a la Justicia en lugar de hacerlo al CoPNAF”. Por su parte, las juezas sostuvieron que “los Juzgados no son organismos consultivos, y que terminan actuando ante la urgencia de las situaciones”.

El doctor Semhan invitó a los presentes a “reflexionar no en nuevas leyes sino en optimizar las existentes” y propuso comenzar a elaborar un Protocolo de Actuación que permita reducir el desorden normativo. Adelantó que ese documento podría ser aprobado por Acuerdo de Ministros, para otorgarle mayor fortaleza; y sostuvo que por ese mismo camino podría dejarse sin efecto el decreto ley N° 129/01. También se comprometió a generar espacios de diálogo y debate entre el CopNAF y el Ministerio de Desarrollo. Los presentes se expresaron a favor de estas ideas y se mostraron dispuestos a trabajar en lo inmediato.