En la III Jornada Anual de Lenguaje Claro la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus) su adhesión a la Red Argentina de Lenguaje Claro.
El programa incluyó paneles con expositores nacionales, capacitaciones, debates y puestas en común. El objetivo de las Jornadas fue sensibilizar sobre la importancia del lenguaje claro en la comunicación de la administración pública, el poder judicial y el poder legislativo con los ciudadanos.
La Red Argentina de Lenguaje Claro se formó el en el 2018 a partir de un convenio entre la Secretaría de Legal y Técnica de Nación, el Senado de la Nación y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en ocasión de la “II Jornada Internacional de Lenguaje Claro: desafíos para consolidar un Estado al servicio de los ciudadanos”.
Durante la XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana de Paraguay se puso énfasis en la necesidad del uso de un lenguaje claro, e inclusivo y no discriminatorio en las resoluciones judiciales y una argumentación fácilmente comprensible. En este marco es que se aprobó la incorporación de Jufejus a la Red Argentina de Lenguaje Claro.
El representante de Jufejus en dicha red fue designado el Juez Decano de la Corte de Justicia de Salta, Guillermo Posadas.
El acta de adhesión de los Poderes Judiciales de Argentina a la Red Argentina de Lenguaje Claro fue suscripta por la titular de Jufejus, María del Carmen Battaini; el presidente de la Red Argentina de Lenguaje Claro Fernando Bernabé Rocca y el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza Jorge Nanclares.
La preocupación del Poder Judicial por la utilización de un lenguaje claro responde a compromisos internacionales y al resultado de una participación activa en redes de cooperación judicial internacional.
En dichas instancias, Poderes Judiciales de diversos países intercambian buenas prácticas y reflexionan respecto de dificultades y soluciones en las materias de su competencia.
Para el cumplimiento de su objetivo, la Comisión elabora y propone iniciativas que fomenten la utilización de un lenguaje que, sin desapegarse del rigor técnico judicial, sea más comprensible para los usuarios.
Definiciones y casos concretos
Fernando Simón, Fiscal de Estado de Mendoza, se refirió al tema de su aplicación: “Lenguaje Claro es pensar en el otro y como llegar a él”, afirmó.
Se trata de un nuevo desafío cultural al que hay que aceptar. “Basta de hablar entre nosotros” sostuvo. Como caso testigo relató una demanda por daño ambiental cuya extensión era de 70 páginas, en un lenguaje técnico.
Propuso en concreto que además de dar a conocer la demanda, se distribuyera un parte que fuera elaborado en términos sencillos para la ciudadanía.
La terminología específica implica una cuota de poder, indicó.
Carina Ginestar, Jefa de la Oficina de Pequeñas Causas de Mendoza, reveló que ya aplican Lenguaje Claro en algunos trámites, en folletería, formularios de demanda y capacitaciones con la Universidad, el Municipio y los Abogados.
Leonardo Altamirano, Director de Prensa del Poder Judicial de Córdoba, se preguntó si podían los Poderes Judiciales desentenderse de las interpretaciones de lo que ellos decidían. También señaló las diferencias entre Lenguaje Claro y Lenguaje Fácil, destinado a grupos vulnerables como migrantes con barreras idiomáticas o sujetos con capacidades diferentes.
Javier Herrera Bravo, del Poder Ejecutivo, aseguró que se copian vicios al escribir, y que nadie enseña a ser claros, de modo que “Si no se lo que la ley establece, ¿como la cumplo?”.
Silvia Iacopetti, una de las referentes nacionales de LC y directora del SAIJ, señaló que el LC propicia la construcción de Estado de Derecho, mejora la calidad regulatoria y proporciona confianza en las instituciones.
Recordó que el objetivo 16 de desarrollo sustentable de la ONU se refiere a Paz, Justicia e Instituciones Sólidas; y que dentro de las metas 6 y 10 se hallan el acceso a reglas claras y la confianza en las instituciones.
Los disertantes enfatizaron la necesidad de extender el LC a todos los ámbitos, y en el caso del Poder Judicial, resaltaron su valor ya que se ocupa de “quitar la violencia de las calles y gestionar los conflictos en tribunales”. En ese sentido, esa gestión construye legitimidad.
El doctor Gabriel Saade dispuso la protección de un adulto mayor no vidente y en estado de indigencia. Además de internarlo en un geriátrico por 120 días para asegurarle comida y salud, en tanto el municipio construye una habitación para él, el magistrado le explicó quien lo ayudará con el cobro de su pensión y ordenó que sus perros no quedaran abandonados.
La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial fijó un precedente al revocar una sentencia de desalojo promovida por un hombre contra su ex pareja en el marco de una unión convivencial. Los jueces aplicaron perspectiva de género al colocar a la mujer en igualdad de condiciones que él, valorando el contexto completo de los hechos, rechazando la acción y dejando en claro que el tema debía debatirse en un Proceso de Familia. Se utilizó lenguaje claro en la estructura de la sentencia.
En un proceso de filiación, en concepto de resarcimiento integral por los daños y perjuicios causados a su propia hija, víctima de violencia sexual y familiar, y al hijo de ambos, el progenitor les transfirió el 100% del inmueble de su propiedad. La Sala III de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial abrió una instancia conciliatoria y se arribó a ese acuerdo, además de utilizar lenguaje claro para comunicar la decisión.