La doctora Gabriela Aromí realizó una audiencia oral en el patio del edificio, respetando el distanciamiento y el uso de barbijos. Se trató de una causa con 4 imputados, 3 abogados defensores, un querellante, el fiscal y la asesora de menores. En otras causas se trasladaron al domicilio de una testigo con problemas de movilidad.
Debido a que el número de participantes en el proceso era mayor a lo permitido en un lugar cerrado y pequeño, utilizando el ingenio y con el objeto de garantizar la oralidad y el acceso a justicia, la titular del juzgado en lo Correccional N° 1 de Capital, doctora Gabriela María Alejandra Aromí, decidió realizar la audiencia en el patio del edificio y durante la tarde, para evitar la circulación normal.
De esta manera, cumplió con su obligación de administrar justicia pero teniendo en cuenta los cuidados especiales que se deben adoptar en el contexto de pandemia que vivimos.
“Es primordial que podamos buscar alternativas para poder cumplir con nuestro trabajo y sobre todo dar respuesta a la ciudadanía. Es nuestro deber garantizar la oralidad, publicidad e inmediatez en los juicios”, explicó la doctora Aromí.
También adelantó que se seguirá con esta modalidad de audiencias durante el tiempo que duren las medidas de aislamiento.
“Ya tenemos programadas todas las semanas a la tarde los debates. Y también rotamos el personal, es decir que los trabajadores que me asisten en horario vespertino no vienen ese día a la mañana y de esa forma evitamos aglomeraciones”, relató la magistrada.
Medidas de cuidado, una prioridad
En el edificio donde funciona el Juzgado en lo Correccional N°1, ubicado en Buenos Aires N° 428, funciona además el Juzgado Correccional N° 2 y ambas Fiscalías correccionales.
“Por la mañana circula mucha gente y la sala de debate de mi juzgado es pequeña, por lo que se nos ocurrió disponer las mesas y sillas al aire libre, trasformando al patio en una sala de audiencias, de manera de respetar el distanciamiento social aconsejado por las autoridades sanitarias”, indicó Aromí.
Las Juezas y los Fiscales Correccionales, Dres. Gabriela Aromí, Cristina Sánchez, Pablo Sosa y Andrea González, para extremar los cuidados y evitar contagios, adquirieron un termómetro digital con el que se controla la temperatura a los que ingresan al edificio. Diariamente, cada dependencia entrega al custodio del edificio las listas de los turnos asignados y de las personas citadas a audiencias. El ingreso al edificio se registra en planillas que contiene el nombre, domicilio y teléfono de la persona, la fecha y hora, temperatura y dependencia a lka que concurre. Para ingresar se coloca alcohol en gel como parte de las medidas de prevención.
Acceso a Justicia, una necesidad
La titular del Juzgado Correccional N° 1, indicó que aún en tiempos de pandemia, era insoslayable llegar a la gente y reconocer sus derechos.
Por ello, además de estas audiencias al aire libre, cuando las necesidades lo requieren, ella junto a su equipo se trasladan para tomar declaraciones testimoniales, en situaciones especiales. “Nos pasó hace poco, que había una testigo con problemas de movilidad, entonces fuimos hasta su casa para que no tenga que trasladarse, y como había otros vecinos que también debían declarar en la misma causa, recibimos allí sus declaraciones, registrándolas en soporte de video”, relató la juez.
En otra oportunidad en el marco de una Inspección Judicial a un inmueble que era objeto de un litigio, ubicado en Santa Ana, se recibieron en el lugar las declaraciones testimoniales de los vecinos, a fin de evitar que ellos se trasladaran hasta el tribunal.
“Creo que es necesario hacer todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar el acceso a justicia, no es una opción es una máxima que debemos cumplir”, finalizó la doctora Aromí.
El objetivo fue informarle al Ministro del Superior Tribunal de Justicia sobre la implementación de la “Guía para la acción desde el ámbito educativo ante situaciones de vulneración de Derechos de Niñez y Adolescencia” que se implementa en las escuelas. A la directora, Julia Saez la acompañaron la doctora Pamela Cabrera, abogada, jefa del área de Programas de la DiSEPA y la licenciada Laura Basterra, jefa del área técnica de la DiSEPA. También estuvo presente el juez de Familia, Niñez y Adolescencia N°5, doctor Edgardo Frutos.
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