La doctora María Teresa Zacarías requirió medidas de carácter preventivo tendientes a evitar la existencia y reiteración de incidentes violentos entre los internos, con el peligro que acarrea en su integridad física y psicológica.

Esas medidas fueron elevadas al Ministerio de Seguridad y al Servicio Penitenciario, y son el resultado de inspecciones realizadas en la Unidad Penal Nº1, con copia para conocimiento de las autoridades de la Corte Provincial.

En las inspecciones se constató la carencia de personal de seguridad, medios para prevenir en los eventos, desproporción desmesurada observada entre el número de internos alojados (617) y el personal efectivamente asignado a seguridad en la mencionada Unidad Penal;  además del ingreso de estupefacientes al penal; y la insuficiencia e ineficacia de los medios adoptados e informados a la Fiscalía de Ejecución por la Jefatura.

Lo solicitado por la magistrada al Servicio Penitenciario y al Ministerio de Seguridad consiste en la realización continua y eficaz de los controles indispensables a fin de evitar el ingreso y su distribución por canales internos de sustancias estupefacientes y/o psicofármacos en la Unidad Penal N° 1 con el objeto de salvaguardar la integridad psico-física de los condenados allí alojados.

También pidió la asignación efectiva y real de personal de seguridad entrenado para la tarea en cada una de las guardias, en número adecuado a la cantidad de población penal y teniendo en cuenta las características particulares del establecimiento (UP 1).

Además, requirió la provisión y reparación de sanitarios con relación a la cantidad de alojados, y mal estado de los existentes; la adecuación de las instalaciones eléctricas precarias y/o deteriorada que pudieren poner en peligro a los alojados; la provisión de insumos suficientes destinados a la higiene tanto personal como de lugares, ropas y otros elementos de los alojados, en forma suficiente y oportuna; la instalación de teléfonos públicos en lugares de fácil acceso a los internos, habilitando la posibilidad de cobro revertido a fin de eliminar la generalización indebida del uso de teléfonos celulares propios por parte de los internos condenados en clara violación a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

Finalmente, pidió asistencia médica y psicológica oportuna a los internos alojados; e hizo saber que las medidas deberán ser reales y efectivas, y no meramente enunciativas o formales, “en cumplimiento del deber de custodia y seguridad de los internos condenados que asigna la normativa vigente a las autoridades del Servicio Penitenciario”.