Argumentando que tenía más de 70 años y sus condiciones de salud, la Defensa Oficial de un procesado interpuso ante la Corte Provincial una acción de Hábeas Corpus, para lograr que se dispusiera su prisión domiciliaria. Fundamentó la solicitud en que la causa por “Abuso sexual gravemente ultrajante para la víctima, agravado por el vínculo en concurso real con tenencia de arma de fuego de uso civil sin debida autorización” se encontraba en etapa de constitución de un nuevo tribunal de juicio.

La Asesoría de Menores e Incapaces emitió un informe en el que señalaba que no debía hacerse lugar al pedido de la Defensa, porque que el acusado cumpla prisión domiciliaria implicaría “poner al victimario en el mismo medio social, familiar, vecinal, donde vive la víctima menor de edad e hija del mismo, sin evaluar previamente las consecuencias dañinas que sufriría la niña de 14 años de edad al tener que desarrollar su vida en el mismo ámbito…”.

Advirtieron los Ministros que la defensa del procesado “pretendía obtener una definición en la causa, diferente a lo resuelto por el Tribunal que tiene que garantizar que el acusado no se sustraiga a la acción de la justicia”. La solicitud efectuada debía ser ejercida –afirmaron los integrantes de la Corte Provincial- en el marco del proceso “y no con la promisión de la acción de hábeas corpus, porque su objeto es subsanar detenciones ilegítimas, pero no investigar otros supuestos ilícitos presumiblemente de acción pública, pues en tal caso la legislación procesal subordina los procedimientos al trámite común”.

Al no encontrar arbitrariedad o ilicitud en la decisión del Tribunal de Juicio, los doctores Alejandro Alberto Chain, Guillermo Horacio Semhan y Carlos Rubín consideraron que el recurso debía ser rechazado.