La Inspectoría de Justicia de Paz, cuyo ministro coordinador es el doctor Fernando Augusto Niz, con motivo de conmemorarse el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, presentó un informe comparativo sobre violencia de género y familiar, que abarca un registro de casos en los Juzgados de Paz que existen en toda la provincia.

Los períodos comparados son de enero a abril y de mayo a septiembre, ya que el objetivo era analizar este problema social en el contexto de aislamiento preventivo por la pandemia de COVID19.

De enero a abril se presentaron un total de 36 casos, registrándose un aumento considerable de los hechos de violencia de mayo a septiembre con 126 situaciones.

Uno de los datos más trascendentes registrados es la velocidad con la que los Jueces de Paz toman medidas para evitar estos hechos de violencia que en su gran mayoría son padecidos por mujeres.

Las cifras proporcionadas por la Justicia de Paz integran la estadística general elaborada por la Oficina de Estadísticas y Registros de Juicios Universales y Acciones Colectivas del Poder Judicial.

Cantidad de casos y tiempo en la toma de decisiones

De un total de 126 casos denunciados entre mayo y septiembre, en 68 oportunidades las acciones para cortar con estos flagelos que vulneran los derechos de las víctimas se tomaron el mismo día de conocido el hecho.

En 30 ocasiones, las medidas se implementaron dentro de las 24 horas; en 10 en dos días; en 10 en tres días; en 1 en 6 días; en 1 en 19 días, en 3 casos solamente no se tomaron medidas, y de 3 no hay registro.

En la otra fracción de tiempo analizada, que va desde enero a abril de 2020, el total de casos fue mucho menor, se registraron 36 hechos, de los cuales en 22 se tomaron acciones en el día; en 3 a las 48 horas; en 1 a los 4 días; en 2 a los 5 días; en 2 a los 6 días, en 2 a los 7 días; en 1 a los 11 días; en 2 a los 18 días; y en 1 a los 19 días.

Juzgados que reportaron casos de violencia y cantidad de víctimas

La Justicia de Paz abarca 21 juzgados distribuidos en toda la provincia, más 4 de primera instancia con competencia de paz.

De enero a abril, solo 11 juzgados reportaron casos de violencia, mientras que de mayo a septiembre ascendieron a 21.

De enero a abril en Concepción existió una sola víctima; en Empedrado, 5; en Ita Ibaté, 10; en Itatí, 3; en La Cruz, 2; en Mburucuyá, 2; en Mocoretá, 4; en Paso de la Patria, 4; en San Luis del Palmar, 1; y en Santa Lucía, 1.

De mayo a septiembre en Alvear se registraron 3 víctimas, en Berón de Astrada, 2; en Caá Catí, 3; en Concepción 3; en Empedrado, 12; Gobernador Martínez, 4; Ita Ibaté, 16; Itatí, 5; La Cruz, 4; Loreto, 7; Mburucuyá, 3; Mocoretá, 10; Paso de la Patria, 8;  Perugorria, 1; San Cosme, 1; San Luis del Palmar, 1; San Miguel, 10; San Roque, 21; Santa Lucía, 8; Santa Rosa, 9; y  Sauce 3. 

De enero a abril de un total de 36 casos en 29 las víctimas fueron mujeres y solo en 7, hombres. Mientras que, en el segundo período analizado, de 135 casos, 127 fueron víctimas del sexo femenino y 8 del masculino.

Con lo que tiene que ver con el victimario, ocurre todo lo contrario, de mayo a septiembre, 127 fueron hombres los agresores y solo 3 mujeres.

Vínculo entre víctima y victimario

En ambas fracciones de tiempo, se mantiene la tendencia que, en la mayoría de los casos de violencia de género, los agresores son las ex parejas o parejas actuales.

De enero a abril, en un caso fue el cónyuge, en 11 el concubino, en 12 la pareja, en 2 existe un vínculo filial, en 3 fueron el padre o la madre, en 1 el padrastro o la madrastra, en 1 había un vínculo familiar y en 3 fueron los hermanos.

De mayo a septiembre, en 17 casos fue el cónyuge, en 28 el concubino, en 19 la pareja, en 36 la expareja, en 12 había un vínculo filial, en 1 fue el padre o la madre, en 1 el padrastro o la madrastra, en uno el sobrino, en uno un familiar y en uno el hermano o hermana.

Tipos de violencia ejercida

En los dos períodos predomina la violencia psicológica, sobre el resto de las formas de ejercerla.  

De enero a abril, en 45 oportunidades se presentó este tipo de violencia, en 16 fue económica, en 13 fue física, en 10 fue de restricción de actividad social y en 9 fue ambiental.

De mayo a septiembre, esta tendencia no varío, ya que en 120 casos la violencia fue psicológica, en 77 fue física, en 51, ambiental, en 36 económica, en 35 fue de restricción de la actividad social y en 6 fue sexual.

En cuanto a los niveles de riesgo a las que estuvieron expuestas las víctimas, en el primer período en 15 casos fue alto; en 11, medio; y en 10, bajo.

En cuanto a la segunda parte analizada, en 5, el riesgo fue altísimo, en 47 fue alto, en 58 fue medio, y en 20 fue bajo.

Aplicación de un Protocolo de Actuación

La Justicia de Paz, para una mayor organización y un correcto servicio de justicia redactó un Protocolo de Actuación en casos de Violencia Familiar, que se aplica cada vez que en una de estas Oficinas Judiciales se registra un hecho de estas características.

El Protocolo tiene por finalidad formular una guía de buenas prácticas como herramientas útiles puestas a disposición del Juez de Paz, para que éste discrecionalmente las utilice como referencia para auxiliar su decisión jurisdiccional.

En este sentido, el mismo comprende un conjunto de procedimientos específicos establecidos para un abordaje rápido y eficaz en situaciones de violencia familiar, sirviendo como pautas indicativas de manera articulada y de marco para el trabajo interinstitucional conjunto, evitando la dispersión y burocratización, por este motivo se considera necesario implementar un Protocolo de Actuación que regule de manera coherente y efectiva, la intervención de la Justicia de Paz, promoviendo el acceso a justicia con la intención de evitar situaciones de desamparo.

Objetivos del Protocolo

Los objetivos que se persigue con su aplicación son: Fomentar y fortalecer políticas públicas tendientes a la difusión, sensibilización prevención y asistencia integral en los casos violencia familiar; Promover en cada localidad, redes de trabajo de abordaje interdisciplinar e interinstitucional, a los fines de coordinar un Protocolo de Actuación Conjunta.

También se busca optimizar la intervención de la Justicia de Paz en cuestiones de Violencia Familiar; Capacitar a todo el personal de los Juzgados de Paz, a los fines de perfeccionar la atención de personas víctimas de violencia; Determinar estrategias concretas para la aplicación de medidas preventivas; Y evitar la re-victimización de las personas víctimas de violencia.

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