En las instalaciones del Tribunal Oral Penal N°1 se dio continuidad a la audiencia de solicitud de probation o suspensión de juicio a prueba en causa que se les imputa a Mayer, Bruquetas y Valenzuela por “Supuesto Estrago culposo agravado por poner en peligro de muerte a alguna persona y causar la muerte de alguna persona”.

El pedido de probation fue ofrecido por el doctor Julio Leguizamón, quien representa a Mayer. En forma posterior la defensora Oficial, doctora María Marta Correa, manifestó la solicitud de la suspensión de juicio a prueba a favor de su defendido Bruquetas; y el defensor Oficial, doctor Nicolás Báez hizo lo propio a favor de Valenzuela.

El 19 de octubre algunas de las familias que representan a los 8 obreros fallecidos ratificaron el acuerdo al que arribaron con el arquitecto, pero restaban otros, que fueron escuchados esta mañana.

Este viernes se presentaron familiares citados en su carácter de damnificados, quienes opinaron sobre el convenio firmado con el arquitecto pero no aceptaron la suspensión del juicio a prueba en relación al ingeniero Walter A. Bruquetas y al capataz Carlos Valenzuela.

Quedan pendientes las respuestas de Zacarías Medina, quien hoy no se hallaba presente por cuestiones de salud; y Luis Alberto Pelozo, quien consultará con un abogado.

En todos los casos el ofrecimiento de Mayer fue económico, al igual que Bruquetas, en tanto que Valenzuela puso a disposición su fuerza de trabajo.

El proceso continuará el viernes 5 de noviembre a las 9 y 30 horas. En esa oportunidad serán citados todos los que en la primera audiencia sólo se expidieron respecto a Mayer, y quienes aún no hayan respondido.

Cabe aclarar que el Tribunal -por imperio del artículo 76 bis del Código Procesal Penal- tiene la obligación de escuchar a los damnificados, que aceptan o no los ofrecimientos de los imputados. Pero en el cuerpo de jueces el que luego define la situación de cada imputado en función del hecho, de lo que exprese el Fiscal, lo que señalen los defensores.

La decisión de los magistrados del TOP N°1 se aplica sobre cada imputado, no sobre los damnificados.

Para esta causa el Tribunal está integrado por Raúl Juan Carlos Guerín, como presidente, y las doctoras Cynthia Teresita Godoy Prats y Ana del Carmen Figueredo como vocales. El Fiscal es el doctor Carlos José Lértora. Estuvo presente la Asesora de Menores N°4, doctora Estela Fanny Romano, en representación de menores involucrados en la causa.

El hecho

En el requerimiento de elevación a juicio se tuvo por probado que entre las 12.30 y 12.50 del 22 de marzo del 2012, 11 obreros trabajaban en altura en una obra con el hormigonado de una escalera ubicada debajo del tanque de agua. Y al no tener la mezcla vertida, se produjo el derrumbe del encofrado del tanque con el hormigón bombeado dentro de él, provocando la muerte de 8 personas que cayeron al vacío.

El Fiscal consideró que el hecho se produjo por graves fallas en la supervisión y control en el armado del encofrado que resultó defectuoso por insuficiencia de sus apuntalamientos.

Los fallecidos fueron Diego Hernán Rodríguez, Marcos Ramón Ricardo González, Jorge Ismael Acevedo, Eduardo Luciano Acevedo, William Arnaldo Valenzuela, Ramón Valentín Zacaríaz, Enrique Eduardo Fabián Sosa, y Paulo Alejandro Medina. Quienes recibieron lesiones graves fueron Luis Alberto Pelozo y Nelson Adrián Valenzuela, y lesiones de carácter leves José Augusto Molina.