La titular del Juzgado Civil y Comercial, Menores y Familia y Contencioso Administrativo de Santo Tomé, doctora María Dionicia Zovak, hizo lugar a una medida cautelar aplicando lo que es Política Pública del Superior Tribunal a partir del Acuerdo N° 18/2019, Punto 18, tomando como base la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos de las personas mayores.

Por pedido de un paciente oncológico, mayor de 60 años que se encontraba en estado de visible deterioro decidió su internación en el Hospital San Juan Bautista de Santo Tomé y obligó al PAMI a que provea la medicación requerida.

El hombre no cuenta con familiares que residan en el lugar, y no tiene quien lo atienda, por lo tanto lo que está en juego es un derecho esencial y fundamental, como es el de la salud y la vida.

Vulnerabilidad y Derecho a la Salud

La doctora Zovak consideró que la vulnerabilidad es una categoría jurídica que requiere intervención por parte de la sociedad y el Estado.

Por lo tanto, ante la situación clara de fragilidad en la que se encontraba el hombre, se tomaron las medidas urgentes para garantizar su derecho a la salud y a la vida.

“La medida cautelar solicitada en autos debe ser atendible, en virtud de encontrase, gravemente comprometido el derecho a la salud, y armonizando dos valores en juegos, por un lado  el derecho legítimo de un paciente a recibir el tratamiento indicado, y un sistema de seguridad social enmarcado dentro de un contexto de un estado de derecho, teniéndose presente el principio  de justicia, en cuanto a la mejor protección de los valores en juegos desde la perspectiva de derechos de tercero y de la sociedad en su conjunto”, indicó en su resolución la doctora Zovak.