La Corte Provincial hizo lugar a un Recurso de Inaplicabilidad de la Ley interpuesto por un abogado del foro local e invalidó los pronunciamientos de grado dictados por la Cámara de Apelaciones en lo Laboral y un Juzgado del mismo fuero.

El profesional reclamó al Superior Tribunal de Justicia el modo en que se fijaron sus honorarios, porque se le reguló un porcentaje por afuera de los mínimos y máximos establecidos para  un juicio de carácter patrimonial. “Podría discutirse si -por la actividad del letrado- merece aplicarse el porcentaje que el sentenciante estima entre el mínimo y el máximo como parte triunfadora, pero no que se indique que, como no está contemplado literalmente en la normativa aplicable, se regula un porcentaje por fuera de los mínimos y máximos establecidos para  un juicio de carácter patrimonial”, expresó en su argumentación.

Aseguró que la sentencia de primera instancia –ratificada en forma posterior por la Cámara- violó la Ley Decreto 100/00, normativa que establece el modo de regular los honorarios profesionales. Sostuvo que no se aplicaron los artículos que correspondían en caso de juicios de contenido patrimonial; y que se emplearon normas de modo falso o erróneo.

Por su parte la Cámara tuvo en cuenta los parámetros considerados por el Inferior al fijar los haberes del abogado y “fundamentalmente que no existe normativa alguna que avale las pretensiones del recurrente".

El doctor Fernando Niz consideró que la tarea del Tribunal no se adecuó al marco legal aplicable a la cuestión, en virtud de que halló la solución del caso sin examinar las posibilidades que le otorgaba el ordenamiento jurídico respecto de la estimación de los honorarios profesionales; e incurrió en violación de la ley. Esa violación se configura cuando media desconocimiento de una norma jurídica, sea en su existencia, validez o significado; y la aplicación falsa o errónea de la ley o doctrina legal se configura cuando media error en la calificación de los hechos del proceso o en la elección de las normas que le dan sentido, o la significación jurídica del caso y que le es aplicable.

En relación al hecho de haber regulado los honorarios fuera de los porcentajes mínimo y máximo prescriptos en la norma arancelaria local, el doctor Niz expresó que el magistrado puede y debe apartarse de la escala arancelaria cuando, “en condiciones fácticas de excepción, no previstas en la ley, su aplicación estricta condujese a un resultado reñido con los principios que informan el ordenamiento". Aunque en tales casos, la resolución que así lo determine deberá indicar, bajo sanción de nulidad, el fundamento explícito y circunstanciado de las razones que justificaren la decisión, una exigencia normativa “que no se observa en la sentencia recurrida”.

El juez no está autorizado a apartarse de la escala regulatoria con el sólo argumento de considerar "razonable" la tarifación efectuada; o que de otro modo conduciría a "consecuencias absurdas". Los Ministros coincidieron en que “Esa diferenciación entre lo razonable y lo absurdo, como categoría jurídica relevante, no depende de la apreciación subjetiva del magistrado, sino que se encuentra ínsito en el sistema normativo, al cual el juez debe ajustarse aún en contra de su opinión personal. Es la ley, no quien la aplica, la llamada a decir cuál es la retribución justa por un servicio profesional."

Bajo ese razonamiento, los ministros Niz, Semhan y Codello firmaron la sentencia N°7/11 en la que remiten las actuaciones para el dictado de una nueva regulación de honorarios puesto que los fundamentos de ambas poseen fundamentos “sólo aparentes”: la mera cita del dispositivo legal, la transcripción de sus incisos; una vaga e imprecisa referencia a la "calidad", "extensión" y "mérito" de la labor profesional, sin otra argumentación que revele el análisis del trabajo efectuado, circunstancias que descalifican ambos decisorios como actos jurisdiccionales válidos.