Se conminaba además a que cada 20 días se presentara un informe en que dieran cuenta de los avances de las obras que debían ser llevadas adelante para revertir la situación de hacinamiento existentes en las unidades carcelarias de la provincia. Ello no se cumplió puesto tras una primera comunicación en el mes de enero –en la que el Comisario General Miguel Ángel Domínguez, Jefe del Servicio Penitenciario elevó un informe de las obras a realizar- no volvió a remitirse documentación alguna al STJ.

Los ministros volvieron a intimarlos al cumplimiento de los dispuesto mediante la Acordada N° 10/09, tras lo cual se remitieron a la Corte dos informes más (13/02/09 y 13/03/09 respectivamente), firmados por el Jefe del Servicio Penitenciario. En éstos, se detalla que la reparación de instalación eléctrica no se inició por falta de adquisición de materiales, y a entender de la Corte, sólo reiteran cuales fueron los lugares de visita, pero no aluden al comienzo de las obras.

Ya en el mes de diciembre de 2008 se les señaló que debían descomprimir los pabellones 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Unidad N° 1, a lo cual se respondió con la posibilidad de construir un complejo en San Cayetano, evaluando la posibilidad de traslado a la “Granja Yatay”, pero sin hacer referencia alguna al resto de la Provincia. Pero en el mes de abril, el Gobierno omitió toda alusión a esa cuestión, limitando la información a la unidad de “Granja de Menores”, entrega de elementos a la “Granja Yayay” y “trabajos” en la Unidad 6.

“Sólo se aprecia la ejecución de trabajos de escasa significación, lo que no constituye el cumplimiento de lo requerido” expresaron los magistrados. “Si bien este Superior Tribunal es conciente de que todas las obras necesarias no pueden ser de inmediata realización, tampoco existen referencias de ampliación y construcción de nuevas cárceles, lo que es imprescindible para aliviar la congestión carcelaria en el mediano y largo plazo” añadieron.

“En definitiva, se advierte un desinterés y poca disposición de solucionar los problemas apuntados, pretendiendo que con un informe insuficiente el Superior Tribunal se dé por satisfecho” cuestionaron.

En el Acuerdo, resolvieron además otorgar un plazo de 10 días para que se repare la instalación eléctrica.