Los pobladores, que formaban parte de una movilización que se manifestó ante el edificio del STJ, plantearon al ministro que la demolición del terraplén ordenado por el alto cuerpo sería más perjudicial que su preservación. Propusieron entonces la apertura de alcantarillas y la construcción de puentes cada 100 metros.

El ministro Semhan les explicó que el Tribunal se había expedido sobre una causa judicial iniciada por Bruno Leiva contra Forestal Andina, la empresa que edificó el terraplén; y les señaló el estado procesal de la misma: la justicia resolvió que la obra debía destruirse, ratificando el fallo de la Cámara en lo Civil y Comercial, y enfatizando la existencia de plazos legales que debían cumplirse.

No obstante, les manifestó que las propuestas por ellos planteadas podían ser llevadas adelante con la autorización de la empresa. "Se trata de una solución intermedia que se puede alcanzar", sostuvo. Les indicó además que las propuestas debían ser dirigidas a las atoridades administrativas como el ICAA, o a la misma empresa, ya que la Justicia sólo puede actuar en el marco de una causa.