La Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires difundió este mediodía un comunicado en el que hace conocer públicamente su oposición a las amenazas de pedido de Intervención Federal al Poder Judicial de la Provincia de Corrientes por un Senador de la misma.

“Nos sorprende la actitud de dicho Senador porque debería ser uno de los defensores del sistema Federal establecido por nuestra Constitución Nacional” se afirmó en el documento emitido tras la reunión realizada por la mañana en la ciudad de Posadas, Misiones y del que participó el presidente del STJ de Corrientes, doctor Carlos Rubín.

Con la firma de los doctores Luis Francisco Lozano y Ariel Gustavo Coll, titular y secretario de la entidad, el comunicado reitera y ratifica la postura y acciones asumidas respecto de las más firmes oposiciones a la intervención federal, de carácter parcial, al Poder Judicial de Corrientes.

“Tal actitud, como cualquier otra intervención federal, sólo al Poder Judicial de provincia, implicaría una gravísima afectación a las autonomías Provinciales con el consiguiente agravio a la Constitución Nacional. Además constituiría la reiteración de una forma de proceder con muy nefastos antecedentes históricos. Se reafirman los principios de inamovilidad, imparcialidad, independencia y garantía del juez natural de acuerdo a la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales sobre la materia”.

Los firmantes aseguraron que “Las cuestiones institucionales provinciales deben canalizarse mediante la aplicación de los mecanismos constitucionales locales y la acción del propio Estado Provincial, bajo una organización Federal y Republicana. El remedio Federal parcial contra el que nos oponemos, atenta contra el Estado de Derecho al que todos los argentinos debemos defender celosamente, e injuria el sistema representativo, republicano y federal del gobierno”.

Por último, bregaron por la plena vigencia de las instituciones para recrear la credibilidad y la confianza publica en el accionar de los poderes judiciales provinciales y se mostraron en oposición a “cualquier forma de presión indebida a tales poderes, sosteniendo la independencia y el normal funcionamiento de los mismos”.