Con fecha 5 de febrero, la Corte Provincial hizo lugar a la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la Fiscalía de Estado. Como consecuencia, quedó sin efecto la abstención del Poder Ejecutivo y el Senado de prestar acuerdo o nombrar a los postulantes cuyos pliegos se encontraban en trámite para cubrir los cargos de Defensor General y Asesor General.

El STJ dictó el 6 de marzo del 2009 una sentencia por la cual se hacía lugar parcialmente a la demanda promovida por el doctor Cesar Sotelo como titular de la Fiscalía General del Poder Judicial para declarar la nulidad de la incorporación de los cargos de Defensor General y Asesor General.

Previo a ello, el 14 de agosto del 2008 el STJ había dictado una resolución en la que rechazaba la falta de legitimación activa, falta de personería, falta de causa e incompetencia deducidas por el Fiscal de Estado, que acudió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En diciembre del 2010 el máximo tribunal del país hizo lugar a la queja de la Fiscalía de Estado –aún cuando la Procuraduría- y declaró procedente el recurso extraordinario, ordenando el reenvío de la causa a la Justicia Provincial.

Tras abocarse al estudio del caso los doctores Semhan, Chain y Niz consideraron que el Fiscal General carecía de competencia para promover una acción de esas características y que además no había quedado cabalmente demostrado el modo en que la división del Ministerio Público afectaría a la sociedad, desnaturalizando la autonomía funcional del órgano.