La dotación de mayores atribuciones a la Fiscales, la eficacia en la conservación de la prueba y la conversión hacia un sistema mixto constituyen los puntos más sobresalientes de la iniciativa que el alto cuerpo reitera sea tratado.
El máximo cuerpo de justicia provincial envió a las Cámaras Legislativas un proyecto de reforma del Código Procesal Penal. Desde su remisión casi cuatro años atrás, el mismo no ha recibido tratamiento. Ello, a pesar de que los autores de la iniciativa y el entonces presidente del STJ y actual ministro Carlos Rubín se constituyeron en el recinto legislativo a fin de brindar informes respecto de las modificaciones propuestas.
Las reformas proyectadas apuntan fundamentalmente a lograr una clasificación de los procesos conforme su complejidad: si se trata de causas caratuladas como simples presentarán un procedimiento diferente al de las complejas. En esa clasificación, se analiza la entidad de impacto de agresión al bien jurídico tutelado, otorgando un tratamiento particular ejemplo- en casos de lesiones leves o hurtos, que a los de homicidios.
Como consecuencia de esto, en los primeros podrán instrumentarse medios alternativos de resolución de conflictos.
Los autores, los doctores Juan Ramón Alegre, Rita Mill de Pereyra y Gabriela Aromi de Sommer, han ponderado de esta iniciativa la eficacia de la investigación y su resolución acorde a la complejidad de la causa.
Una de las novedades introducidas en el sistema represivo penal provincial radica en que esa investigación está a cargo del Fiscal, quienes centran la ocurrencia del hecho y su calificación típica. Esto se debe a que la mayoría de las veces se denuncia un presunto delito y luego, en la etapa investigativa, surge otro mayor complejidad o de menor entidad, es decir que una denuncia nunca marca definitivamente el área de juzgamiento. Para evitar ello, esa primera etapa permite diseñar con mayor precisión el hecho delictivo que ha de investigarse y juzgarse.
Hasta el momento la investigación es responsabilidad del Juez de Instrucción, la que con las reformas pasaría a manos del Fiscal, como representante del Ministerio Público, será el titular de la acción penal pública, según el nuevo texto de la Constitución provincial. La trascendencia de esto es que el Estado sincerará los roles, porque hoy por hoy monopoliza dos funciones: la persecución y el juzgamiento.
La delimitación eficaz del objeto que se investiga y la recolección de elementos probatorios servirán para provocar un juicio justo. En la actualidad -con la vigencia del sistema procesal mixto- la eficacia de la prueba se agota con el transcurso del tiempo y las instancias del proceso, en atención a que una misma prueba se produce en la policía, luego en la etapa de Instrucción y por último en debate.
Otra de las innovaciones está en la querella, que se constituye en protagonista en la resolución del conflicto, obteniendo más facultades para impulsar la causa contra el autor del delito.
Necesidad en la aprobación de las reformas
Según estadísticas elaboradas por el doctor Juan Ramón Alegre, secretario jurisdiccional N°2, a septiembre del 2007 había en la provincia 179.531 expedientes penales, de los cuales correspondían a la primera Circunscripción (con cabecera en Capital) 126.166; a la segunda 13.067; a la tercera 10.791; a la cuarta (con cabecera en Paso de los Libres) 21.943 y a la quinta, 7.564.
El número de causas está directamente relacionado con la densidad poblacional, y va en aumento en tanto mayor es la complejidad de la tramitación de la causa, que no se resuelve en términos rápidos o eficientes. Así, en Capital la Instrucción habitualmente demanda de 1 a 2 años como mínimo, y demora en llegar al proceso.
Esa demora no tiene su origen en el trabajo de los operadores judiciales sino en la lentitud con la que se resuelven definitivamente las causas, ya que los delitos leves son tratados del mismo modo que los complejos.
La actividad de los abogados defensores o fiscales generan nuevos procesos al presentar Recursos de Apelación ante las Cámaras, recargándolas puesto que su uso es discrecional, provocando que el proceso sea aún más lento.
En resumen, este complejo sistema de investigación se ve sobredimensionado por el número de causas en trámite, la falta de selección de complejidad de los procedimientos y la misma estructura procesal que permite apelaciones tal vez innecesarias. Las reformas proyectadas –que han sido implementadas con probada eficacia ya en provincias como Córdoba, Tucumán, y Buenos Aires- atacan estas causas en forma directa.
La problemática del proceso penal requiere instrumentación de otras medidas tendientes a lograr una mayor eficacia. Algunas ya se han empezado llevar adelante en Corrientes: capacitación, construcción del Instituto Médico Legal, instrumentación de la Policía Judicial, legislación sobre objetos secuestrados e incorporación de estudiantes avanzados de Derecho en la Oficina de Autores Desconocidos.