Ambos organismos consideraron que no existe causa que justifique una intervención y que se ha colocado al Poder Judicial “en un estado de zozobra e incertidumbre innecesario y peligroso para la ciudadanía”, promovido por quienes deben hacer de la prudencia y de la estabilidad institucional un norte en su accionar.

El Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales y el Consejo Federal de Política Criminal de los Ministerios Públicos repudiaron esas acciones y llamaron la atención de las autoridades y del pueblo de Corrientes, solicitando se mantengan ajenos a “todo intento de arrasar, una vez más, con la institucionalidad de la Provincia”.

Expresaron su amplio apoyo al Fiscal General, doctor Pedro César Sotelo, a los miembros del Ministerio Público y a la Magistratura de Corrientes, e hicieron saber su voluntad e intención de ambas Presidencias, y de la totalidad de sus miembros de constituírse en esa jurisdicción, si fuera necesario.
Por último, se comprometieron a realizar las gestiones que hicieran falta para a fin de articular con otras asociaciones un accionar conjunto.

El comunicado lleva las firmas de Dr. Alejandro R. Ficoseco y Dr. Eduardo Quattropani, presidentes del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales y Presidente Consejo Federal de Política Criminal respectivamente.