El juez de Cámara Carlos Rodríguez recibió una condecoración por su ponencia en el Congreso Internacional de Derecho Ambiental y de Jueces Ambientales en la que analiza la interpretación de las leyes por los jueces del derecho ambiental desde la perspectiva de los derechos humanos.
El doctor Rodríguez es juez de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, profesor Titular por concurso de Derecho Ambiental de las Facultades de Derecho y Cs. Soc. y de Ingeniería de la UNNE, Director del Posgrado de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la UNNE, Director de la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de Corrientes y autor de numerosas obras y artículos vinculados a la materia.
Participó semanas atrás del Congreso Internacional de Derecho Ambiental y de Jueces Ambientales realizado en Lima (Perú), donde presentó un trabajo en el panel sobre Evaluación de Impacto Ambiental y defendió su ponencia sobre “La interpretación de las leyes por los jueces del derecho ambiental desde la perspectiva de los derechos humanos”. La misma recibió una condecoración por parte de los organizadores: la Academia Transdisciplinaria Internacional del Ambiente (ATINA), la Universidad Científica de Lima y la Universidad Unisantos de Brasil.
Al respecto, el doctor Rodríguez comentó que su trabajo apunta a que los magistrados apliquen los derechos ambientales como derechos humanos esenciales. De ese modo, “el tratamiento de cuestiones ambientales se encuentra en lo más alto del ordenamiento jurídico positivo y constituye una herramienta prioritaria al momento de valorar estas cuestiones” indicó.
Ello coincide con los principios básicos de los deberes y derechos ambientales como el orden público, imprescriptibilidad, facultades de los jueces en el proceso ambiental, acceso a la justicia, deberes del Estado, proceso colectivo Ambiental, control de Convencionalidad y la construcción de nuevos principios como el pro-vida y pro-ambiente. “Así podrá sostenerse un marco teórico indiscutible para el derecho ambiental ante los ataques y obstáculos a que se ve sometido”.
Aclaró que la aplicación de esta perspectiva no se reduce sólo a la protección del ambiente natural sino también socio económico y cultural.
Al ser consultado sobre los obstáculos que deben sortearse para aplicar esa perspectiva, el doctor Rodríguez sostuvo que “no había una resistencia por parte de los jueces, pero si poca profundización de los estudios…digamos que no lo tienen incorporado, como tampoco tienen totalmente incorporado el tema de los derechos humanos. Hoy día, el 90 por ciento de los casos testigos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se dictan en base a los DDHH”.
En ese sentido, destacó el caso de Brasil, que posee no sólo juzgados especializados en Derecho Ambiental, sino que los requisitos para el ingreso a la magistratura cualquiera sea el fuero es el conocimiento del derecho ambiental.
Consideró que eso obedece en parte esa falta de preparación pero también a la no aceptación de nuevos paradigmas. “Estamos frente a la idea de que no somos propietarios absolutos de tierra, sino administradores para las futuras generaciones. No podemos ser tan soberbios de creer que todo lo que utilizamos es nuestro. Pero entonces aparece el derecho a la propiedad, que choca con el derecho ambiental”.
El magistrado indicó que eso lleva a otro conflicto: los costos. “Cuidar el medio ambiente demanda dinero. Hace pocos días se publicó en un diario local que sólo el 5% de los agricultores correntinos recibe asesoramiento científico para el manejo de agroquímicos”.
Para finalizar, realzó la labor de las Organizaciones No Gubernamentales y el progresivo involucramiento de sectores judiciales. “Es una tarea constante y los resultados se ven lentamente”. Como uno de los desafíos planteó la jerarquización del tema medioambiental: “Acá con lo único que contamos es con una oficina que depende del ICAA, mientras que en otros países hay Ministerios Ambientales” concluyó.