Desde el punto de vista de lo funcional, esta iniciativa -cuya autoría pertenece al STJ- persigue el objetivo de reducir los altos índices de concentración de causas en el Superior Tribunal de Justicia. Por otra parte, la integración de lo contencioso administrativo con lo electoral apunta –desde el aspecto económico- a minimizar los costos presupuestarios de la implementación del proyecto demandará.

En ese sentido, el Alto Cuerpo consideró oportuno advertir que la puesta en funcionamiento de las nuevas dependencias judiciales requerirán de un importante aumento en la partida presupuestaria que asigna el Poder Ejecutivo. Al día de hoy, aguardan su designación varios funcionarios y magistrados que no pueden asumir por falta de recursos económicos.