La doctora Graciela Duarte compareció ante el Jurado de Enjuiciamiento y brindó explicaciones de su proceder en el juicio político que se le inició por mal desempeño en sus funciones.
La doctora Duarte, quien actualmente se encuentra suspendida en su cargo de titular del Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Santo Tomé, se presentó esta mañana en el salón auditorio del Area de Desarrollo de Recursos Humanos del Poder Judicial, donde se realiza la audiencia de debate del juicio político que se sigue en su contra. Compareció junto a su abogado defensor, el doctor Pablo Fleitas.
La Fiscalía leyó las acusaciones, las cuales giran en torno a tres causas. La primera fue iniciada por el Superior Tribunal de Justicia, en su función de superintendencia, y en la cual –tras una inspección realizada por uno de los Ministros en diciembre del 2009- se constataron graves irregularidades en los libros de Mesa de Entradas y Salidas, como así también desactualización en el Registro de Autos para Resolver y Registro de Sentencias.
La segunda se refiere a 102 demandas contra dos organismos del Estado Nacional: Prefectura y Gendarmería, tramitadas por la vía de la Acción de Amparo, en las cuales la doctora Duarte declaraba la inconstitucionalidad de un articulo de una norma provincial, dictaba una medida cautelar y luego se declaraba incompetente para resolver la cuestión de fondo, ya que era materia del fuero federal. En todos los casos se trataba del intento por parte de los amparistas de que se les reconociera una serie de ítems no remunerativos al momento de obtener la jubilación. Se la acusó también de que para los mismos casos a veces el tratamiento era el de una demanda de carácter laboral, y que cuando figuraban tres abogados (los doctores Serial, Milán y Chalup) se evidenciaba celeridad, no así con otros profesionales del derecho.
Por último, se la acusó de ordenar una transferencia de 900.000 pesos en período de feria, sin posibilidad de intervención del abogado síndico en una causa por quiebra; no dar intervención al Ministerio Pupilar y transferir los fondos a cuentas de los abogados y no a una judicial.
La defensa planteó la nulidad parcial de la acusación, concretamente en la última de las causas. Sostuvo que la doctora Duarte había hecho su descargo pero lo habían desglosado. En forma conjunta recusó a los doctores Carlos Rubín Juan Carlos Codello, Fernando Niz y Guillermo Horacio Semhan. Dijo que ese pedido nunca había sido resuelto y que no era extemporáneo solicitarlo en ese momento.
Por su parte, la Fiscalía expresó opinión contraria, manifestando el doctor César Sotelo que se había rechazado el pedido de recusación. El Jurado, integrado por los doctores Alejandro Chain, Eduardo Panseri, Nora Nazar de Romero Feris, Vicente Picó, Jorge Buompadre, Jorge Quintana y Daniel Ojeda, se retiró a deliberar. Tras unos minutos de debate rechazaron el pedido de nulidad de la defensa y procedieron a dar lectura resumida de las acusaciones, a fines de que la magistrada pudiera expresar que comprendía los hechos.
Acto seguido, la doctora Duarte ofreció luego explicaciones de cada uno de ellos. En relación al primero admitió un atraso en las registraciones de dos libros y dijo que se había sancionado a los administrativos, en un contexto de varios días de duelo por el fallecimiento del ex titular del STJ Eduardo Farizano.
En referencia a la centena de demandas expresó que la ley 19101 equiparaba los sueldos de los jubilados de los organismos nacionales con los de actividad pero que en la realidad eso no se daba porque el problema era la falta de fondos. Sostuvo que esa situación se daba desde la década del 90, que conocía de la situación porque justamente su padre es jubilado de la Prefectura, y que en todos los casos se trataba de cuestiones alimentarias. Dijo que se limitaba a dictar la medida cautelar y a apartarse de la causa porque entendía que si bien era competencia federal, no debía estar ausente la justicia en cuestiones alimenticias. Y señaló que había antecedentes en la jurisdicción en ese sentido, citando al doctor Humberto De Biassi.
Expresó que cada una de esas causas era voluminosa y estaban en cajas que no fueron remitidas por la Secretaria del Juzgado al fuero federal, pero que no estaban escondidas y que reclamó a la doctora Garzón en varias oportunidades que así lo hiciera. Inclusive le llamó la atención por escrito y frente a sus compañeros.
Negó haber ordenado la transferencia de fondos sin homologación pero admitió que pudo haber un error en materia de honorarios profesionales, puesto que lo hizo de oficio.
Por la tarde, continúa la jornada y se espera la declaración de varios testigos citados.