Los integrantes de ese cuerpo -que depende del Ejecutivo- son los responsables de elaborar los informes que luego evalúa la justicia para conceder esos permisos.

La jueza de Ejecución de Condena, María Teresa Zacarías de González, atribuyó las limitaciones de ese juzgado para otorgar beneficios de libertad a la falta de profesionales en el Gabinete Interdisciplinario. Los integrantes de ese cuerpo -que depende del Ejecutivo- son los responsables de elaborar los informes que luego evalúa la justicia para conceder esos permisos.

"La ley establece que cada unidad penal debe tener un gabinete multidisciplinario, conformado por médicos, criminólogos, psicólogos, psiquiatras y sociólogos. Acá existe sólo un gabinete para dos unidades penitenciarias y su integración es muy pobre" explicó la jueza al ser consultada sobre la huelga de hambre que los reclusos de la Cárcel Nº1 llevan adelante desde el lunes en reclamo de menores condiciones de alojamiento y beneficios de libertad.

La magistrada informó que la función de ese cuerpo es realizar un seguimiento de los internos desde el momento de su ingreso al lugar de detención, de tal modo de tener registros del tiempo de cumplimiento de la pena, la progresividad, las sanciones disciplinarias, el entorno familiar, la posibilidad de inserción laboral, entre otros aspectos.

Cuando el detenido solicita un beneficio, la tramitación se inicia en la cárcel, y se acude a ese informe que el Gabinete Interdisciplinario debe efectuar y del cual se sirve la justicia para resolver sobre esos permisos.

"Cuando asumimos en el mes de abril pedimos el listado de calificaciones y el periodo de la progresividad en que encontraban: de 506 internos 503 estaban en periodo de tratamiento en fase de socialización, que es la primera fase. Sólo 3 había en la segunda fase, la de consolidación" expresó Zacarías, señalando que la escasez de personal terminaba en un cuello de botella que a su juicio constituía el motivo principal en la lentitud con la que se otorgan los beneficios a los detenidos.

"El Consejo Correccional y un profesional de cada área del Gabinete deben emitir opinión fundada de manera obligatoria para que luego este Juzgado resuelva. Un trámite que debiera demorar unos 45 días termina extendiéndose entre 4 y 7 meses porque además esos informes nos llegan casi en su totalidad incompletos. Esto quiere decir que se le niega un permiso pero no se fundamentan los motivos".

Zacarías manifestó que estaba imposibilitada a retrotraer esta situación en el tiempo pero si dejó en claro que desde su asunción eso ha ido modificándose. Citó el caso de un individuo que el pasado lunes obtuvo su libertad condicional tras 13 años de prisión, la cual venía con dictámenes negativos –sin fundamentación- tanto de la asistente social como de la psicóloga. "Pero al requerírseles a ambas una explicación, informaron que por un lado el domicilio dado por el detenido no era el adecuado para su reinserción y por otro que su personalidad hiperactiva requería de un ambiente tranquilo para desarrollar su oficio. "Le concedimos una audiencia y le explicamos su situación. Tras un intento de radicarse en Paso de los Libres –de donde era oriundo y se encontraban su hija y nietos- comentó que un señor le había ofrecido trabajo. Se lo llamó y efectivamente le ofrecieron trabajo y hospedaje" relató la jueza.

"Pero hay otros casos que son más complejos, casos a quienes la Cámara en lo criminal le dio pronostico negativo de reinserción, y otros en los que la negativa vino por la negativa a recibir atención médica por patologías como el alcoholismo crónico".

"En lo concierne al juzgado hemos hecho todo, incluso el martes se resolvió una nueva libertad condicional. Ahora bien, los reclamos por gruesas falencias en la infraestructura no es nuestra competencia sino del Ejecutivo" dijo. "Respecto a las cuestiones sanitarias, nos corresponde garantizar que se brinde cobertura de salud, y lo hacemos del mejor modo posible. Dentro del penal se brinda solución a pequeñas afecciones y lo que no es posible de atender allí se deriva a un hospital o centro privado, como el de un detenido que el domingo último debió ser internado en un sanatorio por un caso de úlcera perforada".

La magistrada sostuvo que la medida anunciada por la subsecretaria de Seguridad Cecilia Gortari (incorporación de 43 profesionales al Servicio penitenciario) de seguro ayudaría a resolver esa situación.

Zacarías manifestó que el balance del trabajo realizado por ese juzgado desde su puesta en funcionamiento "arroja un saldo positivo" aunque reconoció que resta mucho por hacer. "El Poder Judicial muchas veces cubre carencias fundamentales de otros sectores, la etapa de ejecución requiere de un trabajo continuo para que funcione correctamente, sino es muy difícil obtener resultados" consideró.

Para terminar indicó que el instituto del Patronato del Liberado que orbita bajo el Ejecutivo debe preparar para el egreso al detenido, controlar la libertad condicional asistida y dar asistencia y contención pos penitenciaria. "El nuestro no funciona, pero contamos con el auxilio del Judicial que ante esa carencia nos permite a nosotros que un asistente social en Mercedes, un integrante del cuerpo médico forense en Goya o un juez de Paz de Alvear controle la libertad condicional de nuestros liberados".

El Juzgado de Ejecución de Condena debe controlar la legalidad del cumplimiento de la pena de los detenidos con sentencia firme. Si bien este estamento se creó en el 2005 su apertura estuvo demorada por falta de presupuesto, lo que se finalmente se aceleró luego del motín del 19 de marzo último en la Unidad Penitenciaria Nº1, donde tres detenidos fallecieron.