El doctor Rodríguez formuló estas y otras consideraciones en el marco de la VI Reunión Nacional de Magistrados Agrarios y Seminario Internacional denominado "Fomento de la Justicia Agroambiental y Contribuciones hacia la reducción de cambio climático y para generar seguridad alimentaria". En el evento -realizado semanas atrás en México- el juez abordó "El marco jurídico ambiental de Argentina en la actividades agrícolas ganaderas".

En su ponencia, parte de la hipótesis de que las actividades socioeconómicas deben cumplir una "función ambiental", en virtud de los tratados internacionales a los que adhirió Argentina -particularmente con la reforma de la Constitución Nacional en 1.994-. Esa función constituye un nuevo "derecho–deber" que alcanza a todos los habitantes, que es en definitiva el de defender el ambiente.

“Implica un conjunto de deberes y derechos, no sólo para las personas que toman las decisiones en las unidades de producción – es decir las empresas- sino para los que componen las unidades de consumo, familias e individuos, y extensible a instituciones intermedias como las Organizaciones No Gubernamentales.

Explica el doctor Rodríguez que algunos autores y legislación resaltaron la "función social" de la propiedad. “Esto es, más allá de los derechos que tiene (la propiedad), posee funciones sociales que cumplir tan completamente como le es posible; no tiene el derecho a la inactividad, a la pereza; sino que la cumple o la cumple mal, y la intervención de los gobernantes es legítima para obligarle a cumplir con su función”. Otros autores se refieren a la función ecológica de la propiedad, que supone que el titular de la misma tiene una serie de obligaciones en uso de la tierra que se caracterizan por el modo que deben cumplirse y que forman parte de la llamada "Hipoteca Social de la propiedad".

“La función ambiental es una categoría superadora de la función social, ya que no comprende únicamente al fenómeno de la propiedad, sino básicamente de la gestión empresaria o de las actividades socioeconómicas e implica una nueva serie de derechos y obligaciones que no estaban comprendidas en el concepto clásico de función social” fundamenta el camarista.

Señala luego que “En este contexto se toman decisiones de carácter socioeconómico, por lo que el tema es mucho amplio y merece un análisis más allá de analizar la propiedad y/o el dominio de las cosas”. “Máxime cuando la producción y el intercambio de mercancías y servicios se encuentran en nuestro país en un grupo de empresas, la mayoría de ellas Transnacionales” agrega.

En ese sentido continúa y afirma que la realidad muestra que es cada vez más frecuente que quienes toman las decisiones económicas, no son precisamente los propietarios de las unidades de producción, sino meros administradores de dicha unidades. “Y al tomarlas, son los responsables directos de las mismas”.

Por lo general, sostiene, las empresas que contaminan el ambiente o tienen capacidad para hacerlo, son generalmente sociedades anónimas dirigidas por personas que muchas veces ni siguiera tienen acciones en la firma que dirigen.

Indica el magistrado que los ciclos productivos de bienes y servicios deben ser analizados tomando como punto de referencia que “Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos” (artículo 41 de la Constitución Nacional –también llamada cláusula constitucional ambiental-).

Sin dudas, expresa el doctor Rodríguez, que la producción agrícola ganadera y especialmente la agroindustria fueron y son parte importante de la política económica y social.

En Argentina luego de la salida de la convertibilidad se da simultáneamente un aumento nunca visto de los precios en el mercado internacional de productos agrícolas argentinos. La frontera agrícola se amplió notablemente a costa -en muchos casos- de la destrucción de la naturaleza, concentrándose con altos precios en un puñado de cultivos (monocultivos), especialmente originados en Semillas Genéticamente Modificadas (OMG´s),  como el caso de la "Soja". Además la producción se encuentra altamente concentrada en los "pools de siembra”, los que concentran el 70% de la producción del país, dándose una economía de escala que a los pequeños productores se les hace difícil de competir.

También con el auge de los precios agrícolas se olvidó las buenas prácticas de cultivos y aumentó la desertificación y, con relación a la ganadería, debido a las severas restricciones a las exportaciones y consecuentemente a la baja del precio, puso y pone en grave riesgo el futuro de la actividad.

La situación actual, luego de la crisis financiera internacional y la baja de los precios de los productos agrícolas, es incierta ya que los insumos del campo subieron enormemente y se pone en tela de juicio la propia rentabilidad de algunas actividades agrícolas ganaderas y de la agroindustria, analiza Rodríguez. “La actual crisis financiera y económica, nos permite prever cambios profundos en nuestra sociedad, esperemos que estos cambios también se proyecten a los medios de producción y consumo sustentables, para nosotros y las generaciones futuras”.

“Si solamente los Estados, organismos internacionales y responsables del mundos utilizaran una mínima parte del esfuerzo que hoy utilizan en actividades y recursos para amortiguar la crisis financiera y económica en buscar la solución de los problemas ambientales (problemas que son anteriores a esta burbuja que hoy se desinfla), seguramente el valor más importante que protege el Derecho Ambiental, es decir "la calidad de vida" de todos los habitantes de esta tierra tendrá futuro”.

Para concluir, rescata al Derecho Ambiental como la base de la agricultura sustentable, el cual se asienta sobre normativas amplias, fecundas y en expansión. “Debemos lograr un adecuado equilibrio entre producción de alimentos y preservación de los recursos naturales y el ambiente. Se repiten muchos casos de extremismos entre los que priorizan la producción de alimentos, sin tener en cuenta la protección del ambiente y los que pretenden un "fundamentalismo" ambiental, sin producción”.  En ese sentido, indicó la necesidad de una permanente educación para el desarrollo sustentable.

“Las empresas agrarias tienen derecho a producir en tanto cumplan las obligaciones legales que tienen para con el ambiente, a fin de preservarlo para las generaciones presentes y futuras. Es inconcebible y no sostenible en el tiempo lo actuales ritmos de consumos exagerados por unos pocos países ricos y como contrapartida la existencia de hambre en casi 1.000 millones de habitantes” manifestó.