La madre inició acciones legales para lograr un resarcimiento económico en concepto de daño moral, pérdida de chance y gastos funerarios por el fallecimiento de su hija. La demanda alcanzaba al profesional médico, al hospital San Juan Bautista de Santo Tomé y el Estado de la Provincia.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Santo Tomé confirmó la cuantía de los rubros indemnizatorios reconocidos en la sentencia de condena de primer grado. Pero el Estado apeló la decisión, cuestionando los montos fijados y la distribución de costas.

El Estado se agravió porque la responsabilidad en la muerte le fue atribuida por una sentencia del Superior Tribunal en una anterior intervención. En esa oportunidad se había condenado a la Provincia a indemnizar a la madre, pese a que el obligado principal -el médico- ya había pagado su obligación merced al acuerdo transaccional que él y la empresa de seguros habían suscripto con la accionante, y que fuera homologado judicialmente. El profesional no había admitido culpa sino que alegó efectivizar un monto menor al solicitado por conciliación.

“No se puede válidamente ordenar el pago de lo que ya fue satisfecho con la plena conformidad de la parte demandante” se sostuvo desde el Estado.

Los ministros resolvieron en la sentencia N°94/11 que correspondía hacer lugar a la impugnación extraordinaria, declarar inoficioso todo lo actuado a partir de la firma del acuerdo y dejar sin efecto en consecuencia las condenas pronunciadas en contra del Estado Provincial.