La información surge de las estadísticas elaboradas por la Dirección de Informática del Poder Judicial, y de la evaluación de las causas en trámite efectuada por la Secretaría de Jurisprudencia; y da cuenta de un promedio aproximado de noventa días entre el ingreso de un expediente al STJ por parte de la instancia inferior (Juzgados o Cámaras) y el dictado de la sentencia.

 Ese plazo fue evaluado como “altamente positivo” por los Ministros. Para tener una idea más acabada de la mejora sustancial que este promedio implica, basta recordar que años atrás, las causas llegaban a permanecer tres años -y en ocasiones más- en la Corte Provincial, a la espera de una resolución.

 Este promedio –que toma los años 2004, 2005, 2006, 2007 y primer semestre del 2008- es una estimación que puede ofrecer variaciones según el fuero o materia a la que pertenezca la causa. Así, Penal, Laboral, y Civil y Comercial, son materias en las que la Corte Provincial cumple una función recursiva.

Causas Ingresadas 

 Resoluciones Dictadas 

 Sentencias Dictadas 

Diferente situación se plantea en el caso del fuero Contencioso Administrativo, cuya competencia originaria corresponde a la Corte Provincial y se tramita integralmente en esa instancia; y a los procesos de Amparo. En un caso la exclusión de la presente estadística obedece a lo extenso del proceso, y en el otro, a su naturaleza de rápida tramitación, lo que determina que sea una vía procesal elegida por gran número de justiciables. Se ha creído conveniente incluir de cualquier manera la estadística en materia de Conflicto de Poderes ya que la misma es demostrativa de la actividad del Tribunal. 

Causas Ingresadas 

 Resoluciones Dictadas 

 Sentencias Dictadas 

El Tribunal aseguró que las estadísticas revelan un aumento en la productividad de la actividad jurisdiccional y atribuyó la celeridad alcanzada a varios motivos. En primer lugar, una mejor organización de trabajo, además del esfuerzo realizado los secretarios relatores y prosecretarios relatores de cada fuero, quienes colaboran permanentemente con los ministros; en segundo lugar, la implementación de herramientas informáticas, lo que se traduce en plazos más acotados que sin lugar a dudas favorecen al justiciable.

 Por otra parte, la celeridad en la resolución de las causas opera como elemento de disuasión entre los profesionales letrados, quienes otrora –especulativamente y sin derechos- tomaban los recursos que llegaban al Superior Tribunal de Justicia como una forma de dilatar la causa y ganar tiempo para sus representados. Para ser más claros, no resulta conveniente para el litigante que pretende sólo dilatar el proceso acudir al STJ si la cuestión es resuelta en tiempos razonables, debiendo además abonar la respectiva tasa de $1500 y cargar con las eventuales costas de esta instancia.