El fiscal federal Federico Delgado solicitó la elevación a juicio oral y público para una decena de ex funcionarios del Banco Nación durante la administración menemista, a quienes imputa una presunta defraudación que originó a la entidad un perjuicio de más de 77 millones de dólares.

Se trata, según confirmaron esta mañana a la agencia Télam fuentes tribunalicias, de los hermanos Mario y Aldo Dadone (fallecido y respecto de quien se extinguió la acción penal), Genaro Contartese, Hugo Gaggero, Luis Arroyo, César Ochoa, Joaquín Alonso, Raúl Fernández, Juan Rigal Butler y Raúl Sanguineti.

Se los responsabiliza por el otorgamiento irregular de avales a la firma Inducuer a la que aparecía vinculado el ex titular de la SIDE delarruista Fernando de Santibáñes, quien fue sobreseido.

El pedido de elevación a juicio oral fue formulado al juez Norberto Oyarbide, mediante un dictamen de una docena de carillas en el que también se incluye a los empresarios Guillermo Nano y Carlos de la Vega, a quienes se considera "partícipes necesarios" de las maniobras.

Ex menemistas. La causa se inició, hace más de nueve años, por denuncia de las autoridades del BNA con motivo del otorgamiento irregular de avales a Inducuer que provocaron a la entidad un "significativo perjuicio patrimonial que, conforme a las conclusiones de la Auditoria General, al 14 de diciembre de 1998 ascendía a setenta y siete millones sesenta y un mil ochocientos ochenta y siete pesos" (dólares de entonces), reseñó Delgado.

En su dictamen, abundante en precisiones técnicas, el fiscal recordó que la maniobra comenzó en enero de 1991 cuando el directorio otorgó un aval a Inducuer, por más de 76 millones de marcos alemanes, sin que la beneficiaria contara con solidez ya que "carecía de antecedentes, infraestructura y solvencia económica para afrontar un emprendimiento de la naturaleza del proyectado".

"Además, al obligar de una manera desmesurada al banco público con una empresa privada, desencadenó una serie de actos jurídicos que fueron perfeccionando la defraudación", sostuvo Delgado, quien enfatizó que "durante el desarrollo de un proceso que ya era un obvio desfalco, los funcionarios públicos continuaron beneficiando a Inducuer y comprometiendo al banco".

El representante del ministerio público explicó que "en definitiva, aquí no hubo negligencia funcional ni una legítima búsqueda de beneficios empresariales", sino que se trató de un "negociado" en el que los funcionarios cometieron un "cúmulo de irregularidades que deliberadamente permitieron que el desfalco se desarrolle normalmente".

Además afirmó que "si alguna prueba faltaba para que no queden dudas sobre la existencia del hecho, sus características delictuosas, ellas fueron despejadas por las pericias" que "no dejan dudas sobre la existencia de un tremendo desfalco cometido por los funcionarios imputados, que desoyeron las prolijas señales de alerta emitidas por las propias áreas del banco".

"Ello es así pues, los funcionarios públicos procesados debían velar por los intereses del Banco. Sin embargo, algunos de ellos dolosamente se apartaron de esa línea directriz al obligar abusivamente a su mandante cuando confirieron un escandaloso aval a una firma creada para no cumplir los compromisos", sostuvo el fiscal.

Finalmente, afirmó que los funcionarios contaron con la "complicidad funcional de los procesados Nano y De la Vega que desplegaron todos y cada uno de los actos jurídicos necesarios para que éste hecho, que intentó asemejarse a una operación comercial más, ocurriera. Esto es, para ocultar el auténtico móvil que los guió: la apropiación indebida de fondos públicos".