La Corte Provincial aprobó este lunes el anteproyecto de presupuesto para el Poder Judicial que contempla para el año próximo $2.556.058.845, monto estimado por la Dirección General de Administración para poder dar cumplimiento a las metas y los objetivos trazados.
Por Acuerdo Extraordinario Nº7/16 los Ministros de la Corte Provincial aprobaron este lunes el anteproyecto de presupuesto para el funcionamiento de la administración de jusitica.
El monto estimado por la Dirección General de Administración para el año 2017 es de $2.556.058.845 y se basa en pautas definidas por las metas, objetivos y planes trazados, teniendo en cuenta las necesidades inmediatas del Poder Judicial y los indicadores macro-fiscales establecidos por el Mensaje de Elevación del Proyecto de Presupuesto 2017 de la Nación Argentina.
En tanto que para los ejercicios financieros 2018 y 2019, se estima $3.284.660.138 y $3.667.174.812, respectivamente.
La distribución analítica de las partidas se realizan una vez aprobado el Presupuesto del Ejercicio 2017.
El Juzgado Laboral Nº 4 de Corrientes consideró que no existió relación de dependencia y que la profesional actuó de manera autónoma durante más de una década. La médica había demandado a un centro de diagnóstico por supuesta relación laboral encubierta. El juez fundamentó su decisión en base a los testimonios que coincidieron en señalar que la doctora organizaba libremente su agenda, elegía las prácticas médicas que realizaba y no estaba sujeta a órdenes ni a un poder disciplinario.
El debate oral comenzará el próximo miércoles 30 de abril en la Sala del Tribunal Oral Penal N° 1, ubicada en calle Plácido Martínez N° 1056. Cinco efectivos policiales del Grupo de Intervenciones Rápidas (G.I.R) y un funcionario público se encuentran imputados por los delitos de “Abandono de persona agravado por el resultado muerte; severidades e incumplimiento de los deberes de funcionario público” por la muerte de Lautaro Rosé, ocurrida el 8 de noviembre de 2021.
El juez subrogante, doctor Julio Osvaldo Zamudio dispuso medidas de control y asistencia tras constatar los hechos de violencia pese a una prohibición de acercamiento previa como medida de protección integral en un caso de violencia de género.