La Corte Provincial aprobó un documento de gestión que sirve de marco de referencia para la organización de todas las actividades se realicen en el período 2020-2023 en concordancia con la implementación del nuevo Código Procesal Penal.
El documento de gestión -aprobado por Acuerdo N°4/20- constituye la base sobre la cual se diseñarán y se organizarán los programas de capacitación que conformarán las ofertas académicas para la formación integral de los miembros del Poder Judicial, de cara a la implementación del nuevo Código Procesal Penal.
El mismo servirá de guía para magistrados, fiscales, defensores, asesores, funcionarios, empleados, técnicos administrativos y todos los operadores que directa o indirectamente desempeñen funciones en el fuero penal.
También están comprendidos como destinatarios directos los integrantes de las fuerzas de seguridad, abogados y cualquier otro operador que aspire tomar parte de las actividades formativas.
La prioridad está centrada en una primera etapa en la Cuarta Circunscripción Judicial, integrada por las localidades de Paso de los Libres y Monte Caseros, que es donde el nuevo Código Procesal Penal se implementa en esta instancia.
Sin embargo, el documento de gestión guiará las actividades durante el período 2020-2023, que es lo que se prevé demande la implementación.
Relevancia del documento
La reforma del Código Procesal Penal y la puesta en marcha del sistema acusatorio adversarial trae aparejado para el Poder Judicial una redefinición de las funciones de sus actores, quienes deberán contar con las herramientas y competencias claves para lograr una implementación efectiva del nuevo sistema.
Una de las políticas institucionales de la Corte Provincial es responder y dar soluciones a los sucesivos interrogantes que se plantean en el diario quehacer del servicio de la justicia.
El nuevo Código Procesal Penal ha establecido una división de funciones de los diversos operadores dentro del proceso penal, el diseño de un sistema de Audiencias ágil, la adecuación del nuevo rol de la víctima en el proceso.
A ello, la norma incorpora el desafío de litigar en un entorno totalmente oral, por mencionar algunos nada más.
Las propuestas de capacitación serán coordinadas por el STJ y el Ministerio Público, a través del Área de Capacitación del Poder Judicial y la Dirección de Recursos Humanos; siempre que satisfagan los lineamientos y metodologías descriptas en el documento.
Ahora bien, la conformidad obtenida no implica, de ninguna manera, la adopción de opinión, interpretación, toma de posición o responsabilidad alguna del Superior Tribunal de Justicia sobre el desarrollo de los contenidos mínimos transmitidos o vertidos por disertantes, coordinadores o cualquier otro comunicador.
En efecto, el documento busca como objetivo principal llevar un relevamiento de las distintas propuestas de capacitación, modalidad, coordinadores, disertantes, eventuales participantes, contenido mínimos del programa, por adelantar algunas cuestiones a ser consideradas. Y podrá ser también sujeta a observaciones.
Replicadores y valor agregado
Junto a las actividades formativas será importante profundizar en la adquisición de destrezas en la gestión de los procesos con el nuevo marco legal.
Por eso, el plan se complementará con actividades que se lleven a cabo con la firma de convenios marcos y específicos con otros organismos gubernamentales, con Universidades u otros Centros de Estudios, Clubes de Litigación, entre otros, con la finalidad de lograr una enriquecedora formación e interacción profesional y puesta en común de experiencia y criterios con otros actores.
De las distintas actividades formativas surgirán nuevos capacitadores que deberán replicar sus conocimientos a otros operadores, sumando valor agregado a la organización.
Datos Clave
Alcance: Magistrados, Funcionarios, empleados y técnicos del Poder Judicial, que se desempeñen en el fuero penal; así como también a los demás auxiliares de justicia, fuerzas de seguridad, cuerpos técnicos y abogados que requieran conocer y profundizar sus conocimientos en las temáticas propuestas.
Inicio: La puesta en marcha, en lo espacial y temporal será decidido por el Superior Tribunal de Justicia como órgano de gobierno del Poder Judicial, teniendo en consideración las propuestas recibidas; los plazos establecidos en el Código Procesal Penal para la implementación del nuevo Sistema, y razones de oportunidad y conveniencia.
Metodología: quienes deseen participar deberán completar la plantilla “Propuesta para capacitación” que se encuentra alojado en la Intranet y la web del Poder Judicial de Corrientes. Esta planilla será enviada por mail al área de Capacitación, quien le dará el trámite correspondiente.
Contenido obligatorio: cualquiera sea la estructura de capacitación adoptada se entenderá como contenido obligatorio el estudio de los Principios del Proceso Penal acusatorio adversarial conforme al art 2 de la Ley 6518.
Ejes articuladores: los contenidos de los programas de capacitación deberán ser presentados y planificados de acuerdo a las tareas y funciones que se requerirán del personal y los demás actores. A saber: formación general; desarrollo de competencias: gestión estratégica judicial y de administración; capacitaciones localizadas; tecnología de la información: calidad del servicio en atención al público:; comunicación eficaz: equipos de trabajo efectivo; coaching para lograr resultados: reconocimiento de la diversidad multicultural y discapacidad; derechos humanos y estudio crítico del derecho y gestión efectiva del tiempo.
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