La intendente de la localidad había solicitado la intervención de la Corte Provincial por la “gravedad institucional” que implicaba –según lo expresado por la funcionaria en su presentación- el decreto que la suspendía en su cargo.

Ese decreto fue firmado por los dos de los tres concejales del Consejo Municipal, y en él establecían que la intendente estaba suspendida hasta tanto se sustanciara el juicio político.

Escalante desconoció el acta N° 46/10 del Consejo Municipal, y permaneció en el palacio comunal al tiempo que pidió la nulidad de lo actuado.

El doctor Carlos Rubín, quien por disposición del artículo 104 de Ley Orgánica de Administración de Justicia (LOAJ) asume la representación de la Corte Provincial en período de feria, ordenó que hasta tanto se resuelva la medida cautelar la intendente Escalante debe mantenerse en el cargo.

Ello obedece a que existen antecedentes de sentencias dictadas por esta Corte en las que se recuerda que la Constitución arbitra un procedimiento con el propósito de impedir decisiones apresuradas de los cuerpos comunales, que lleven a la destitución del jefe de la municipalidad sin motivos mayores.

La nueva Constitución establece que la suspensión del Intendente sólo es procedente cuando existe auto de procesamiento firme. Ante otras circunstancias, la suspensión es viable previa intervención del STJ, conforme a fallos ya dictados por esta Corte.

Para el STJ el Consejo Municipal en este caso es incompetente para avanzar con la suspensión. Partiendo de esa situación jurídica, los hechos planteados en Santa Ana obligan a la Corte Provincial a tomar una decisión previa y mantener a la Intendente en su cargo hasta tanto se resuelva la medida cautelar.