La reformulación se produce luego de que desde esa cartera se informara al STJ que se había establecido en 204 millones de pesos el techo presupuestario para su funcionamiento, monto evaluado como “insuficiente” por el cuerpo de ministros.

El STJ, que ya había advertido la semana anterior que esa cifra no permitiría aumentos salariales, refuerzos de personal y puesta en funcionamiento de nuevas dependencias judiciales, ahora afirmó que “significaría la paralización de las políticas que viene desarrollando la Corte Provincial en materia de infraestructura”.

“No sería posible implementar ninguna nueva dependencia de las creadas por las leyes de la Provincia, menos aún continuar con el Plan General de Reforma y Modernización de la Administración de Justicia que requiere de permanentes inversiones en infraestructura; y afectaría la intangibilidad de los sueldos de los magistrados – garantizada constitucionalmente – al no permitir una recomposición salarial que evitaría la pérdida del valor adquisitivo de los salarios” se señaló en la Acordada.

La Corte Provincial consideró que a las autoridades provinciales les corresponde garantizar y asegurar el funcionamiento de la Administración de Justicia, reduciendo en todo caso las erogaciones del Estado Provincial en áreas no prioritarias.