El Superior Tribunal de Justicia resolvió suspender preventivamente en sus funciones a un ordenanza que se desempeñaba en el Tribunal Oral Penal Nº 1, durante el tiempo que dure el trámite de una causa penal que se le inició ante el Juzgado Federal. Ordenó además la formación de un sumario administrativo para esclarecer las circunstancias que dieron origen a la misma, a fin de analizar las responsabilidades que le cabrían como empleado judicial.

La Corte dispuso que para ello se formaran nuevas actuaciones y fueran remitidas a la Inspectoría General y Control interno; e instruyó una información sumaria “por posibles incumplimientos de deberes, principalmente respecto de la omisión de la comunicación inmediata de la situación del empleado y el encuadre reglamentario pertinente que correspondía en el caso, en el que podrían estar involucrados Magistrados, Funcionarios y Empleados del Tribunal Oral Penal Nº 1”.
La causa se inició con un informe de la Dirección de Personal y Licencias, que puso en conocimiento del Cuerpo la situación del agente, indicando que no prestaba servicio desde el día 19 de julio pasado, habiendo tramitado las varias licencias por motivos de salud, razones particulares y compensatoria de feria. En todos los casos las licencias fueron concedidas.

El 29 de julio el agente continuó ausente, y el 30 se conoció informalmente que se encontraba internado en el Hospital Escuela. La directora del Area de Personal constató la hospitalización del hombre, también que estaba custodiado por personal policial y detenido desde la tarde del 23. La Directora hizo notar que de comprobarse la fecha de detención “no coincidiría con la solicitud de licencia por artículo 58 firmada por el empleado con fecha 24”, que fue recibida en el Tribunal Oral Penal Nº 1.

Como se informó que la causa se tramitaba en el Juzgado de Instrucción Nº 2, se solicitó informes sobre la situación procesal del ordenanza a esa dependencia, desde donde se respondió que el día que se recibió la instrucción policial se declaró inmediatamente la incompetencia de ese Tribunal para entender y se ordenó su remisión al Juzgado Federal de Corrientes. Luego se remitieron las actuaciones a la Fiscalía de Instrucción N° 2 a fin de que se notificara de la decisión.

El STJ se avocó al examen de las actuaciones en virtud de que podría encontrarse comprometido el servicio de justicia. Además de ordenar la investigación administrativa sostuvo que “al no resultar clara la forma y modo de los pedidos y concesión de licencia del agente (…) también correspondía a la Corte que impulsara las investigaciones necesarias para esclarecerlo, para luego recién, adoptar una decisión sobre el caso”.