Ayer  se realizó la jornada “Ley de Protección Integral a la Mujer. Ley 26.485”, organizada por el Poder Judicial de Corrientes, mediante el Programa Justicia y Sociedad Civil y la Unión Mundial de Mujeres Americanas (UMMA).

Se concretó a través de la plataforma Cisco Webex Meeting en cumplimiento a las medidas sanitarias por la pandemia COVID19.

La activad de la que participaron 400 asistentes está incluida en el Programa de Capacitación Permanente en Materia de Género, aprobado por Acuerdo del Superior Tribunal N° 11/21.

La apertura estuvo a cargo del presidente del STJ, doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, y el cierre lo hizo el ministro doctor Alejandro Chaín.

La disertante fue la doctora Marisa Spagnolo, Secretaria Jurisdiccional N° 2 del STJ y coordinadora del Programa Justicia y Sociedad Civil, el cual se implementa en toda la provincia desde el 2011 y cuyo objetivo principal es acercar la justicia a la comunidad.

La licenciada Alba Grismado, presidente de la Fundación Unión Mundial de Mujeres Americanas, presentó a la doctora Spagnolo y relató el trabajo en red que se realiza desde la institución que dirige con otras similares de muchos países compartiendo información y conocimientos.

Doctor Rey Vázquez

En la apertura el doctor Luis Eduardo Rey Vázquez consideró que para el Poder Judicial de Corrientes era trascendental presentar esta actividad que se suma a muchas otras sobre la temática.

Explicó que “prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres une dos ejes trascendentales de las Políticas Públicas del STJ; por un lado, el Programa Justicia y Sociedad Civil y por el otro el Programa de Capacitación Permanente en Materia de Género aprobado este año”.

Indicó que se debe asumir lo dispuesto por las Convenciones Internacionales, las leyes Nacionales y Provinciales sobre la igualdad de género.

“Se debe tomar conciencia a través de las herramientas que prevé esta ley (por la Ley N° 26.485) para ir eliminando todos esos sesgos, prejuicios o cualquier tipo de manifestación que pudiera estar dirigida a levantar una barrera contra la igualdad, porque solamente en ella podemos convivir pacíficamente bajo reglas equitativas”, indicó el doctor titular de la Corte Provincial.

Doctor Alejandro Chaín

Las palabras de cierre estuvieron a cargo del ministro doctor Alejandro Chaín, quien además es el ministro Coordinador de las actividades de Capacitación Permanente en Materia de Género.

Destacó el acompañamiento de todo el Superior Tribunal de Justicia, el Área de Capacitación y el Programa Justicia y Sociedad Civil para abordar este tema.

Sostuvo que “hay varias cuestiones que deben ser asumidas y superadas si queremos vivir en un Estado de Justicia y una de las condiciones necesarias es que exista la posibilidad de la igualdad material o real”, resaltó el doctor Chaín.

Y agregó que “debe ser una Política de Estado superar todo tipo de práctica discriminatoria, por cualquier motivo, incluido el género”.

En relación al Poder Judicial consideró que uno de los primeros pasos para trabajar correctamente es actualizar la visión de que solo hay violencia si existe daño físico.

“Esto no es así porque la mayoría de las veces la violencia es psicológica y no dejan marcas en la piel por mucho tiempo, pero las marcas psicológicas duran toda la vida”, explicó el ministro.

Por ello valoró fundamental juzgar con perspectiva de género, lo que no quiere decir que siempre se le dé la razón a la mujer, pero sí, siempre debe ser escuchada.

“La mayoría de la violencia hoy es psicológica, emocional, sexual, económica, institucional y simbólica que no dejan secuelas físicas, pero dejan una profunda huella en el espíritu que genera un trauma que va más allá de una herida”, explicó el doctor Chaín.

Y agregó que “No podemos manejarnos con criterios de décadas atrás, debemos actualizarnos a la hora de decidir porque si no lo hacemos podemos estar ejerciendo violencia institucional”.

La violencia institucional es la desplegada por los representantes del Estado en cumplimiento de sus funciones públicas.

“Nosotros debemos ser cuidadosos en el tratamiento de los casos de violencia de género, porque si no podemos agraviar a las mujeres cuando no juzgamos con esa perspectiva”, sintetizó.

Por último, resaltó la importancia del Programa Justicia y Sociedad Civil, porque permite acercar la justicia a la sociedad, y sobre todo a las clases más vulnerables para que conozcan sus derechos y puedan ejercerlos, porque nadie puede hacer valer aquello que ignora.

Doctora Marisa Spagnolo

Durante su disertación, la doctora Marisa Spagnolo, realizó un análisis detallado de la Ley N° 26.485 de Protección Integral a la Mujer y sus antecedentes en los tratados Internacionales que deben ser cumplidos por los diferentes estados.

Explicó que fueron estos Convenios Internacionales los que iniciaron la eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer.

Al hablar de los antecedentes se refirió a la Convención de la ONU de 1979 y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer “Convención de Belem Do Para” de 1994 de la OEA.

En Argentina explicó que hay dos leyes fundamentales que apuntan a erradicar la violencia, la de Protección Integral y la Ley Micaela.

También remarcó que es una Política Pública del Superior Tribunal que la mujer viva una vida libre de violencia y que la Constitución de Corrientes en su artículo 45 habla específicamente de igualdad de género.

“Pero para lograrla hay que modificar los estereotipos existentes”, indicó la doctora Spagnolo.

Con respecto a la Ley 26.485 habló de los tipos y las modalidades de violencia y en que ámbitos se las ejerce. Y detalló que el objeto de la Ley es promover y garantizar la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida; el derecho de las mujeres de vivir una vida sin violencia; las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres.

Consideró trascendental que los funcionarios y agentes del estado estén capacitados para escuchar, tratar y acompañar a las mujeres víctimas de violencia, y de allí que es tan importante la Ley Micaela que exige la instrucción obligatoria a todos los integrantes de los tres poderes del Estado.

También hizo la diferenciación entre género y sexo, afirmando que el sexo tiene que ver con lo biológico, en cambio el género es una categoría social que desarrolla un enfoque globalizador y remite a los rasgos y funciones psicológicos y socioculturales que se le atribuye a cada uno de los sexos en cada momento histórico y en cada sociedad.