En una resolución penal, la Corte Provincial apeló a párrafos en lenguaje claro para explicar a un condenado porque se le rechazaba una apelación por improcedente.

El detenido cuestionaba que los tribunales inferiores no habían analizado su presentación de acuerdo a las pruebas incorporadas.

En ese sentido, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal, informó que J.E.G.O. estaba privado de su libertad en un proceso que tenía sentencia condenatoria y que estaba en casación (revisión) ante el STJ; y que se le había denegado el pedido de libertad, decisión que también había sido cuestionada y se hallaba en trámite ante la Corte Provincial.

“Por lo tanto, la Cámara le dice a G.O., que la acción de hábeas corpus intentada, no corresponde, porque es una acción que sirve para resolver privaciones de la libertad injustificadas o sin proceso, ya que, actualmente los recursos planteados ya sea por el mismo o su abogado defensor se encuentran en trámite” se le señaló.

“La cuestión planteada por Gutiérrez será resuelta oportunamente por este tribunal, no corresponde resolver por la vía de la acción de habeas corpus otros recursos planteados y en trámite”.

En otro párrafo se le indicó que “Continuando con el camino recorrido de las presentaciones de G.O., no conforme con la resolución de Cámara de Apelaciones plantea la apelación ante ese tribunal, la que es elevada, y en fecha 3 de marzo de este año el presidente del Superior Tribunal dictó el decreto N° 7 dándole tramite de apelación”

Se agregó que el STJ resolvió por Resolución N° 5 del 14 de abril que confirmaba la decisión de la Cámara de Apelaciones para este caso, en que la acción de habeas corpus no era el camino para corregir supuestos defectos en el proceso, privación de libertad no justificada o detención sin procesos”

Finalmente se le recordó al detenido “que la cuestión que le interesa que se resuelva -el recurso de casación contra la sentencia condenatoria y contra la denegatoria del cese de prisión-, se encontraban en trámite”.

El Lenguaje Claro se basa  en el concepto de que todos tenemos derecho a entender, y ese derecho permite el ejercicio de otros: el de la educación, la cultura, el acceso a la justicia, por mencionar algunos.

Las leyes, decretos y resoluciones redactadas en Lenguaje Claro apuntan a que los ciudadanos conozcan sus derechos y obligaciones.

En el caso de la Justicia, lo que se pretende es que los fallos tengan un lenguaje de fácil entendimiento. El ciudadano tiene derecho a entender los documentos que rigen su vida cívica y que ello profundiza el acceso a la información pública.