Estos fueron los temas que analizaron los ministros de los Superiores Tribunales del país en San Salvador de Jujuy, donde se desarrolló la asamblea ordinaria de la Junta Federal de Cortes en la que el Poder Judicial de Corrientes estuvo presente.
El Juzgado Civil y Comercial N° 3 con competencia en lo electoral ordenó el cese inmediato del uso del nombre, siglas, colores, símbolos, emblemas, banderas y escudos de la Unión Cívica Radical (UCR) asociado al “Frente de Todos”.
Ampliación de modos y horarios de clases, organización de talleres de formación profesional y cumplimiento de cuestiones vinculadas al régimen de progresividad en la ejecución de la pena privativa de la libertad en la Unidad Penal Nro. 1 fueron las recomendaciones que el Juzgado de Ejecución de Condena volvió a efectuar a las autoridades del Ministerio de Gobierno y Justicia.
El presidente subrogante, doctor Carlos Rubin, y los ministros doctores Guillermo Horacio Semhan y Fernando Niz recibieron al presidente de la Sala en lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, doctor Domingo Juan Sesin.
El Juzgado Civil y Comercial N° 6 ordenó a siete empresas que brindan el servicio público de pasajeros en esta Capital que cesen con la exigencia de cupos en los pases libres que aplicaban a discapacitados y adultos mayores. El carácter de esencial del servicio prestado fue los motivos decisivos para que se hiciera lugar a la medida autosatisfactiva presentada por la Asociación de Usuarios y Consumidores.
La Corte informó que ha finalizado la primera etapa para los aspirantes a integrar las listas de Secretarios Penales, iniciando la semana entrante la etapa número dos, correspondiente a los tests de informática. Esta segunda instancia dará comienzo el lunes 4 y cerrará el 8 de mayo.
La Junta Electoral Provincial y el Juzgado Electoral exhortaron a los apoderados y autoridades de los diferentes partidos políticos a presentar en formato digital la documentación de las listas de candidatos a ocupar cargos ejecutivos y legislativos a nivel provincial y municipal.
El Superior Tribunal de Justicia rechazó un Recurso de Casación elevado por un condenado a pagar 120 unidades multa a raíz de sucesivas infracciones de tránsito. El Tribunal ratificó la validez de las actas labradas en su contra y consideró que no podían aplicarse a las infracciones las reglas del Código Civil y Comercial, porque los procedimientos de uno y otro no son equiparables.
En el marco de un fuerte debate nacional por la disminución de la edad de la imputabilidad de los menores, el doctor Carlos Rubín, ministro del STJ, aseguró que una única medida no resuelve la cuestión de fondo y sólo apunta a abarrotar las cárceles de gente que no se reeduca ni inserta en la sociedad.
La Corte Provincial requirió al Ministerio de Gobierno y Justicia y al Ejecutivo a que informen en un plazo de 15 días si han dado cumplimiento a la orden de revertir la precariedad de unidades carcelarias y policiales de Corrientes.
Por primera vez desde que se incorporó a la Ley Orgánica de Administración de Justicia, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial implementó el instituto del Fallo Plenario, el cual unifica criterios dispares sobre una misma cuestión y proporciona seguridad jurídica al justiciable.
El Consejo de la Magistratura de Corrientes lanzó la convocatoria para cubrir cargos de jueces de primera instancia y de Cámara a fin de conformar el fuero Contencioso Administrativo y Electoral.
El Superior Tribunal de Justicia no hizo lugar al planteo del Estado de la Provincia sobre la competencia de la jueza a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 3, María Eugenia Herrero, por entender que la acción inhibitoria no era la vía procesal adecuada para efectuar el reclamo.
El Superior Tribunal de Justicia eximió al Juzgado Civil y Comercial Nº 3 de los turnos, sorteos y subrogaciones que le correspondan según la Ley Orgánica de Administración de Justicia y Acordadas Reglamentarias, hasta la finalización del cronograma electoral.
La Corte Provincial aceptó la donación en mayor extensión dispuesta por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Santa Rosa con destino a la construcción de nuevas dependencias judiciales.
Exactamente, fueron 22.156 los ingresos que la Dirección de Informática registró sólo en marzo en el sitio digital de la justicia correntina.
La Corte Provincial desestimó la demanda contra el Estado Provincial promovida por el municipio capitalino, que alegaba que los topes establecidos a sus recursos corrientes constituían una vulneración de la autonomía municipal.
El Superior Tribunal de Justicia resolvió prorrogar las actuales listas de aspirantes a Escribientes y Ayudantes hasta la aprobación de nuevas nóminas que surjan de futuros concursos.
La Dirección de Personal y Licencias del Poder Judicial promovió a 113 agentes en la Primera Circunscripción Judicial y a 109 en el interior de la provincia, en el marco de la nueva distribución de cargos en los escalafones administrativo y de maestranza establecida el STJ.
En un reciente fallo, la Corte Provincial reconoció a la Defensoría de Pobres y Ausentes N° 2 de Capital la facultad para accionar en defensa de los intereses del consumidor en el aumento de las tarifas de energía eléctrica.