El STJ desestimó los recursos presentados por el Estado y confirmó un fallo de Cámara en el que se modificaron los montos indemnizatorios otorgados a una joven por daños físicos, estéticos y morales, y el reconocimiento de la pérdida de chance. En el 2010 se le amputó un brazo tras la aplicación de suero y medicamentos por parte de una médica y una enfermera.
La Corte Provincial ratificó un fallo en el que se dispuso un desalojo ya que el demandado no pudo probar que su residencia en el predio cuestionado databa de 1983. Se señaló que su defensa no generó en el juez la certeza judicial suficiente sobre la existencia de la supuesta relación posesoria.