A través de una Instrucción General fijó el parámetro en $18.900. Hasta ese umbral, idéntico al salario mínimo vital y móvil que rige desde el 1 de octubre, la ciudadanía podrá ahora aspirar al patrocinio de los defensores de pobres y ausentes. Habían transcurrido 4 años desde la última actualización.
El Fiscal General del Poder Judicial, doctor César Sotelo, instruyó a los Defensores de Pobres y Ausentes que tomen como parámetro la cifra de 18.900 pesos para asesorar, representar y defender gratuitamente a personas que carezcan de recursos suficientes para hacer valer sus derechos en juicios, lo que significa una actualización de ese umbral del 212 por ciento y luego de cuatro años del último reajuste.
La máxima autoridad del Ministerio Público de Corrientes resolvió esta nueva actualización mediante la Instrucción General N.° 43, en la que tomó como referencia el reciente aumento del salario mínimo vital y móvil dispuesto por el Ministerio de Trabajo de la Nación –que a partir del 1 de octubre pasó a ser de 18.900 pesos– y basándose en las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, adoptadas por el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes a través de su Acuerdo N.° 34/10.