Así, la CIDH ha reiterado: “uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia judicial. Dicho ejercicio autónomo debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, aunque también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez específico.

El objetivo de la protección radica en evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular, se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial o incluso por parte de quienes ejercen funciones de revisión o apelación” (Corte IDH. Caso Rico Vs. Argentina. Excepción Preliminar y Fondo. Sentencia de 2 de septiembre de 2019. Serie C No. 383, § 53).

 Debemos en todo momento mantener una conducta irreprochable porque el Poder Judicial es, y debe seguir siendo, el último refugio de los derechos, la libertad y los valores republicanos. No se puede ejercer la función judicial de tal manera que ponga en crisis el fundamento mismo del Poder Judicial. Finalmente destacamos el enorme trabajo que cotidianamente realizan los poderes judiciales provinciales y de CABA para garantizar el acceso a justicia, con independencia, transparencia e imparcialidad.