El Fiscal General del Poder Judicial, doctor César Sotelo, suscribió este martes dos convenios con el Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), doctor Mario R. Villegas, por medio de los cuales ambas instituciones avanzarán en acciones conjuntas que van desde capacitaciones para alfabetizar jurídicamente a los sectores más vulnerables de la población a prácticas profesionales orientadas para alumnos de esa casa de altos estudios en dependencias del Ministerio Público de Corrientes.

El acto protocolar durante el cual la máxima autoridad del Ministerio Público y el Decano de la Facultad de Derecho celebraron los acuerdos se desarrolló en la sede de la Fiscalía General –9 de Julio 1099, noveno piso– y sirvió además para que se conversara sobre el Derecho en general, la formación de los nuevos profesionales y de los avances en el servicio de justicia.

El primero de los convenios posibilitará la realización de actividades de capacitación y formación en materia de derechos humanos y asesoramiento jurídico orientativo, las cuales se desarrollarán en centros comunitarios, educacionales, sociales, deportivos y/o religiosos.

Este  acuerdo de cooperación y capacitación buscará “alfabetizar Jurídicamente a los sectores más vulnerables, a partir de charlas periódicas destinadas a la ciudadanía en general”, “brindar herramientas a los destinatarios que permitan la adecuada promoción y protección de los derechos como base fundamental para el ejercicio de una ciudadanía plena y responsable”, e “identificar y procurar –a partir de la escucha activa– la remoción de los obstáculos en los canales de ingreso a los procedimientos propios del sistema judicial”, entre otros objetivos.

El restante convenio, a su vez, le dio marco a un sistema de Práctica Vocacional Orientada (que no encuadra en el régimen regulado por la Ley Nacional Nº 26.427) y permitirá dar cumplimiento a los preceptos estatutarios de la Universidad Nacional del Nordeste en todo cuanto concierne a la educación, extensión e investigación universitaria, permitiendo al estudiante integrar los conocimientos adquiridos durante el transcurso de su carrera.

Estas prácticas tendrán una duración de cuatro meses –no más de cuatro horas, de lunes a viernes y con un máximo de veinte 20 horas semanales– para brindar al practicante los conocimientos necesarios acerca del servicio de justicia; la Facultad tendrá a su cargo la supervisión ese proceso de enseñanza-aprendizaje y para ello designará un docente guía que con el tutor del Ministerio Público –el titular de la dependencia donde se realice la práctica–; finalmente, entre ambas instituciones, calificarán el desempeño del alumno.