El Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina celebró en Mendoza –en ocasión de las XXX Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos– su Asamblea General y emitió una declaración en la que sus miembros, entre los que está el Fiscal General de Corrientes, doctor César Sotelo, sientan postura institucional sobre diversos temas de profundo interés público.

Así por ejemplo, el documento advierte sobre los laboratorios regionales forenses, de los cuales Corrientes es subsede del NEA, que “dicho programa se encuentra en riesgo en tanto no se incrementen los fondos con que el Estado Nacional apoya este proyecto”. Y especifica que “resulta evidente que el mantenimiento del monto nominal asignado anualmente a este proyecto, en el marco de un contexto inflacionario, ha llevado a la paralización de un proceso de incorporación y renovación de la tecnología de mediana y alta complejidad”.

Los jefes de los Ministerios Públicos de todos el país demandaron con especial énfasis una “revisión de los procesos de designación de fiscales, defensores y asesores, que debieran orientarse a nuevos métodos de mayor calidad en cuanto a la detección de los perfiles de los integrantes de los Ministerios Públicos, para la cual –advierten– es imprescindible que los organismos de selección se encuentren debidamente representados tanto por las máximas jerarquías como por los integrantes de los niveles básicos de nuestras instituciones”.

A este respecto, indican que sería oportuno iniciar “nuevas experiencias relativas a la formación de los integrantes de los Ministerios Públicos, que conduzcan a niveles de capacitación y adquisición de habilidades capaces de garantizar un desempeño de calidad de los operadores del sistema”. “(..) Entendemos que deben encararse urgentes gestiones para el diseño y aprobación de las respectivas carreras de post grado con la aprobación del Ministerio de Educación de la Nación”.

En otro orden, acerca de la violencia de género, y pese al avance alcanzado en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en torno de la definición de un modelo de abordaje integral, el Consejo entiende conveniente “que se inicie en todo el país un  debate sobre la posible implementación de ese régimen unificado de intervención judicial en todos los distritos”, propone la declaración, para sostener: “Reiteramos nuestra propuesta de que se inicien acciones institucionales concretas en orden a la intervención de los violentos, dada la escasa aplicación de medidas orientadas a ese fin que todavía se verifica en nuestro país”.

La declaración también hace hincapié, mediante un llamado de atención a la sociedad en su conjunto y a todos los poderes que integran los estados nacionales y provinciales, en la “necesidad de adoptar políticas de estado que pongan límite al narcotráfico en nuestro país”.

En este sentido, el Consejo aboga por una definición sobre la continuación y generalización o derogación del régimen de desfederalización de estupefacientes definido en la ley 26.052 y demandó que “se dé cumplimiento al apoyo financiero allí previsto para aquellas provincias que han adherido a dicho régimen.

Se completa el pronunciamiento con el reclamo la sanción de una reforma penal integral en el Congreso de la Nación y el pedido de recursos materiales y humanos que permitan cubrir fielmente la finalidad del sistema carcelario y post carcelario.