“Lenguaje Claro” se basa  en el concepto de que todos tenemos derecho a entender, y ese derecho permite el ejercicio de otros: el de la educación, la cultura, acceso a la justicia, por mencionar algunos.

Se originó en Suecia, a finales de los años 60 y se extendió de forma progresiva a otros países.  En el año 1997, la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) publicó un documento llamado “Directrices para materiales de lectura fácil”.

Ese documento fue la primera guía para elaborar textos en lectura fácil, es decir, textos para materiales escritos, que hacen sencillo no sólo el texto sino también las imágenes y la maquetación.

Hace 2 décadas se realizan esfuerzos sostenidos en las Cumbres Judiciales que reúnen  a los magistrados de las cortes de los países iberoamericanos.

En tal sentido la Carta de Derecho de las Personas ante la Justicia en el Ámbito Judicial Iberoamericano, aprobada en la VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia (México, 2002), se consigna que “Todas las personas tienen derecho a que las sentencias y demás resoluciones judiciales se redacten en tal forma que sean comprensibles por sus destinatarios, empleando una sintaxis y estructura sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico”.

En el año 2006 fue aprobada en la Organización de las Naciones Unidas la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Argentina la ratificó en el año 2008 y en el año 2014 le dio jerarquía constitucional.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad incluyó el ¨lenguaje sencillo¨ como una forma de comunicación respetuosa de la accesibilidad.

En 2016 en la declaración de Asunción, Paraguay, se indica que “la legitimidad de la judicatura está ligada a la claridad y calidad de las resoluciones judiciales, y que con tal fin es esencial el uso de un lenguaje claro e inclusivo y no discriminatorio en las resoluciones judiciales,  y una argumentación fácilmente comprensible”.

La Red Argentina de Lenguaje Claro (RALC) se presentó formalmente el 8 de noviembre de 2018, en la sede que la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) posee en la ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa, que surgió de un convenio firmado por la Secretaría de Legal y Técnica de Nación, el Senado de la Nación y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ayuda a entender la información jurídica.

En junio de 2019 durante el VI Encuentro del Foro de Prensa y Comunicación Institucional de los Poderes Judiciales de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS) el Lenguaje Claro fue también planteado ante los Ministros de Cortes participantes.

Mendoza es la primera provincia argentina que a fines del 2018 lanzó una Red Provincial para comunicar desde el Poder Judicial, en conjunto con áreas del Ejecutivo y Legislativo, con expresiones comprensibles para la ciudadanía.

En agosto de este año Córdoba creó el Comité de Lenguaje Claro y Lectura Fácil, para asesorar a órganos judiciales como a las áreas administrativas de temas relacionados con la clarificación del lenguaje jurídico- administrativo.

Las leyes, decretos y resoluciones redactadas en Lenguaje Claro apuntan a que los ciudadanos conozcan sus derechos y obligaciones.

En el caso de la Justicia, lo que se pretende es que los fallos tengan un lenguaje de fácil entendimiento. El ciudadano tiene derecho a entender los documentos que rigen su vida cívica y que ello profundiza el acceso a la información pública.

Por ello se habla de acceso a justicia: se trata de documentos sin ambigüedades, que evitan, en otras palabras la incertidumbre y confusión.

Una comunicación en lenguaje sencillo se logra cuando su redacción, estructura y diseño son tan claros que el público al que se dirige puede encontrar fácilmente lo que necesita, entender lo que encuentra y usar esa información.