A pesar de existir una sentencia firme que obligaba a la prestadora privada a cubrir todas las necesidades que demandaba la condición de la niña, ésta continuaba negando o demorando las autorizaciones.

Con ese antecedente el doctor Gabriel Saade exigió a la entidad que, en un plazo de 72 horas, implemente un protocolo de capacitación obligatoria para su personal sobre los derechos de personas con discapacidad.

El juez ejerció jurisdicción positiva para prevenir futuros incumplimientos. Es decir, actuó sobre el fondo de la cuestión. Los magistrados pueden tomar medidas urgentes para evitar la violación de derechos fundamentales, en este caso, la salud y la integridad de una niña con discapacidad.

La obra social deberá presentar ese protocolo para capacitar a todo el personal de la empresa, especialmente el jerárquico, sobre las  normas convencionales de Derechos para la Persona con Discapacidad y los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en relación a la salud y trato de personas con discapacidad.

Además requirió que la obra social difunda entre sus beneficiarios con discapacidad y que sean menores de edad los servicios a los que puedan acceder en carácter de prestaciones básicas contempladas por la ley 24.901, ya sean propios o contratados.

Por último, le ordenó al Ministerio de Acción Social, a través del Consejo Provincial del Discapacitado,  a que supervise el cumplimiento de la capacitación y a informar al Juzgado Civil y Comercial N°2 los resultados.