El martes 19 el Juez de Instrucción y Correccional de Curuzú Cuatiá, doctor Martín José Vega, dictó sendas órdenes de detención para los ex Intendentes de la localidad de Perugorría Jorge Luis Corona (2005-2013) y Angelina Soledad Lesiuex, (2013-2017), quienes se encuentran imputados de los delitos de ASOCIACIÓN ILÍCITA EN CALIDAD DE ORGANIZADORES,  MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS Y FRAUDE EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN CONCURSO REAL EN CALIDAD DE AUTORES MATERIALES, figuras penales previstas en los Arts. 210, 261, 174 inciso 6, y 55 del Código Penal.

La decisión se adoptó en el marco de la causa penal que tramita ante ese Tribunal en la que desde principios del año 2016 se investiga la administración de caudales provenientes del Estado Nacional con  objetivos específicos. A esos fondos  se les habría dado un destino diferente para el que fueron acordados o se habrían sustraído sin aplicarlos al fin específico para el que estaban destinados.

El total del monto involucrado en el supuesto manejo irregular ascendería aproximadamente a $ 45.000.000,00.

En la misma oportunidad también se ordenó la detención de ex funcionarios del Municipio que cumplieron funciones durante las gestiones de los nombrados.

Se trata de la ex tesorera municipal Patricia Yolanda Vera; la ex secretaria de gobierno municipal Sabrina Maria Florencia Lammens y el ex auditor contable municipal Ernesto Antonio Moray Mussio, quienes se encuentran imputados de los delitos de Asociación ilícita en calidad de miembros, Malversación de caudales públicos y Fraude en perjuicio de la administración pública en concurso real, en calidad de partícipes necesarios (art. 45 primer párrafo segundo supuesto del Código Penal.

El doctor Vega valoró en el caso el Requerimiento fiscal ampliatorio elaborado por la Fiscalía de Instrucción, Correccional y de Menores de Curuzú Cuatiá, a cargo de la doctora María Alejandra Talamona, en el que además de destacar las pruebas colectadas hasta el presente y formularse nuevas imputaciones, se solicitó la detención de quienes considera los principales responsables de las maniobras ilícitas investigadas.

Entre los fundamentos de la medida cautelar adoptada, el juez consideró que existían serios riesgos procesales de elusión del accionar de la justicia así como de entorpecimiento de las investigaciones, en función de la amplia trama de integrantes de la banda (algunos aun no identificados completamente); del caudal económico del que dispondrían los imputados, de los vastos contactos establecidos con factores de poder y de la complejidad de los medios administrativos, contables y financieros que se habrían utilizado para consumar los ilícitos y que aún resta por explorar.