Integrantes del Poder Judicial participarán de la 1ª Reunión de Trabajo para la implementación del Proyecto de Oralidad de los Procesos del Fuero Civil y Comercial, buscando modernizar los procesos civiles y comerciales, evitar formalidades irrelevantes y promover la adopción y medición de indicadores.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación puso en marcha el Programa Justicia 2020 con el objetivo de elaborar, implementar y evaluar políticas para construir una justicia que genere resultados socialmente relevantes y permita la solución de los conflictos en forma rápida y confiable.
Desde mayo de 2016 se puso en marcha este proyecto con la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y decenas de juzgados (110 a enero de 2019), con resultados muy auspiciosos. Proyectos similares están siendo apoyados en los Poderes Judiciales de las Provincias de San Luis, Formosa, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, el fuero civil del Poder Judicial de la Nación, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán y San Juan.
El Poder Judicial de Corrientes también apunta a modernizar los procesos civiles y comerciales. Por ello una delegación presidida por el Ministro doctor Guillermo Horacio Semhan e integrada por los doctores María Eugenia Sierra de Desimoni (Juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la 1ª Circunscripción Judicial); Pablo Martín Teler Reyes (Juez Civil y Comercial N° 12); y las licenciadas Marta Evelyn Gamarra (Oficina de Estadística y Registros) y Romina Dos Santos (Dirección General de Informática) participarán el 11 de febrero de la reunión a realizarse en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
La oralidad efectiva en procesos judiciales promueve la modernización de la legislación procesal civil y comercial y de las prácticas de gestión en todas las jurisdicciones locales de la República Argentina; la adopción de la oralidad civil y comercial efectiva para lograr la inmediación entre los jueces y las partes en aquellos conflictos que demanden una atención directa del juez.
Los objetivos a alcanzar son la reducción de plazos totales del proceso de conocimiento civil, a través del control efectivo de la duración del período de prueba; mejorar de la calidad de la prueba y de las decisiones jurisdiccionales, y cumplir el principio de oralidad con inmediatez en las audiencias.